La jueza del distrito de Nueva York falló a favor de un fondo buitre este viernes y en contra de la Argentina en el caso que se sigue en Nueva York por la estatización de YPF, realizada en 2012 bajo el gobierno de Cristina Kirchner.
La magistrada le dio la razón al fondo demandante, Burford, y fijó en US$16.000 millones el monto de resarcimiento por daños económicos que deberá afrontar el país.
La Argentina tiene dos instancias de apelación para no pagar: la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Estados Unidos. El primer paso de la apelación fue confirmada hoy al mediodía por parte del gobierno de Alberto Fernández, que instruyó al estudio jurídico que lo representa para iniciar los trámites y ponerle un freno a la posible sanción.
La apelación decidida por el presidente Fernández, para salir al cruce del juicio realizado en Nueva York -y que le podría costar costar entre 4.900 millones y 16.000 millones de dólares al Estado- será presentado por el estudio jurídico Sullivan & Cromwell LLT, que representa a la Argentina.
"El gobierno argentino apelará inmediatamente el fallo de la jueza Loretta Preska”, anunció la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti a través de las redes sociales y confirmó que “el presidente Alberto Fernández analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro. Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres", apuntó la funcionaria.
El juicio
La jueza de Nueva York que sucede al fallecido Thomas Griesa, el inefable magistrado que le dedicó varios reveces al Estado argentino en demandas de bonistas y fondos buitres, se pronunció en el juicio que había iniciado el fondo Burford contra la reestatización de la petrolera nacional.
Si bien la magistrada ya había fallado contra la Argentina en marzo pasado, durante tres días a finales de julio pasado escuchó los argumentos de ambas partes para establecer un monto indemnizatorio que en rigor no tiene plazo.
Preska le dio ahora la razón a los buitres. No fijó una cifra precisa de indemnización sino que ordenó a las partes a presentar "una propuesta de sentencia consistente”. Pero se mostró a favor de tres planteos claves de los demandants: la fecha que se toma como referencia de la toma de control de YPF, la tasa de interés a aplicar y la forma de cáculo del monto de la indemnización.
La indemnización tiene un piso de 4.900 millones de dólares, planteado por Argentina para el caso de que finalmente deba pagar aunque la posición del país es que no se debe abonar nada, y un techo de 16 mil millones, que es lo que piden los buitres. La defensa argentina que está en manos de la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini, aseguró que "el Tribunal debe fijar en cero los intereses de demora debido a la enorme ganancia que recibirán los demandantes en cualquier escenario".
La otra cuestión clave es la fecha en que Argentina obtuvo el control de las acciones de YPF sujetas a expropiación. Los demandantes la sitúan el 16 de abril de 2012, cuando se envió el proyecto de ley de expropiación al Congreso y se emitió un decreto que designó un interventor del Ejecutivo que desplazó al directorio de YPF.
El Estado argentino, en cambio, indica que no fue antes del 7 de mayo de 2012, cuando entró en vigor de la Ley de Expropiación 26.741 que facultó al ejecutivo a empezar a ejercer los derechos políticos y económicos de las acciones.
