En el año 2022 denunciaron violencia de género de parte de monseñor Mario Cargnello, del obispo emérito Martín De Elizalde, y los sacerdotes Loyola Pinto y Lucio Ajalla.
José Viola señala que el proceso está a punto de resolverse, ya que la Oficina de Violencia de Género (OVIF) dio un informe en el que concluyó que "se trata de un caso de violencia de género en el ámbito institucional, que se habría manifestado a través de agresiones físicas, violencia económica y maltrato psicológico sistemático sobre las mujeres denunciantes por parte de Cargnello". Incluso la fiscalía dictaminó que los denunciados realicen el curso de la Ley Micaela.
El 4 de marzo, luego de estar al frente de las aulas por 20 años, a través de un telegrama, Viola fue notificado de su despido sin causa, situación a la que calificó de no ser congruente con el régimen jurídico de la Universidad ni con el respeto a la dignidad de la persona humana que se profesa.
Por si su despido estuviera vinculado a su actuación profesional como abogado patrocinante ad honorem de la Priora del Monasterio San Bernardo de Carmelitas Descalzas de Salta, quiso resaltar algunas cuestiones de la causa.
Viola señaló que la denuncia por violencia de género se realizó luego que se agotaran las vías internas dentro de la iglesia. Relató que en 2021 las religiosas dieron testimonio en Escritura Pública, que fue guardada hasta abril del 2022, y cuando no hubo más remedio se hizo la presentación judicial.
Afirmó que los hechos de violencia contra las hermanas se remontan a 2019 y que continúan hasta la actualidad. Detalló incluso que en octubre del 2020 durante el velorio de una religiosa carmelita hubo violencia física, psicológica y verbal que se puede observar en un video.
Aclaró que las denuncias de violencia de género no tuvieron un sesgo anticatólico, ya que él es católico practicante.
Violencia denunciadas por las monjas del convento
En el detalle sobre lo ocurrido puertas adentro del Carmelo, José Viola, abogado que defendió a la Priora en carácter ad honorem, sostuvo que la marcha del colectivo feminista que se realizó frente al Convento San Bernardo no fue convocado ni organizado por las monjas, aunque se alegraron que se haya tenido la valentía de defenderlas.
Aseguró que las monjas fueron difamadas en reiteradas ocasiones y dio data sobre distintos episodios ocurridos. Viola sostuvo que el comunicado que emitió el Vaticano en el que se hacían recomendaciones sobre la vida religiosa, estaba dirigido a la Priora y que pese a ello fue publicado en la página web del Arzobispado y de la UCASAL. Detalló que, si bien había una orden judicial perimetral, el sacerdote Loyola Pinto, por orden del arzobispo Cargnello, se presentó en el convento a leerles en voz alta el comunicado.
Por otro lado, como contrapartida a la denuncia por violencia de género, Cargnello realizó una contradenuncia por violencia económica, dejando entrever que las monjas eran manipuladas por el administrador de algunas propiedades, que les haría pasar necesidades apremiantes. "Hoy esa denuncia está archivada (…) Cargnello instó esta investigación sin darse cuenta de que con ello saldría a la luz que en el 2001 él mismo pidió prestado al Monasterio la suma de USD 9.000 que todavía no devolvió", agregó.
Viola también se refirió a la denuncia contra la Priora por privación ilegítima de la libertad de dos monjas. "Sandra Díaz, hermana biológica de una religiosa, radicó una denuncia por supuesta privación ilegítima de la libertad, hoy archivada contra la Priora, luego de haber concurrido al juzgado de Violencia con el doctor Eduardo Romani, abogado particular de Cargnello (…), por el que se ordenó un allanamiento al monasterio, que Romani divulgó por los medios periodísticos pese a no ser parte del expediente y tratarse de actuaciones reservada", manifestó.
Agregó que, al mismo tiempo, la jueza se encontraba dentro del monasterio verificando la situación de las religiosas.
Por último, hizo referencia a otra monja que dejó el convento tras recibir el alta médica del médico Arias, cuando se encontraba recibiendo tratamiento oncológico. Remarcó que Arias fue médico del convento y luego dejó de serlo por oponerse a que se realice la denuncia por violencia de género.
