La noticia conmocionó al país y hasta a organismos internacionales de derechos humanos, luego de la aprobación de la ley 27. 610 de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, ello sumado a la persecución de la que fue víctima la profesional de la salud, que continúa a la espera del accionar de la justicia, teniendo en cuenta que está imputada en el proceso judicial que se sigue en su contra, y cuyos argumentos según la defensa de Miranda Ruiz, "se desmoronan".
Desde las activistas y organizaciones feministas y de derechos humanos de Tartagal y del departamento de San Martín, elaboraron un comunicado oficial en donde expusieron "el profundo rechazo a la criminalización de Miranda y exigir la nulidad de la causa".
Asimismo, destacaron que "en el contexto de las respuestas al requerimiento de nulidad presentado por la defensa técnica de Miranda, la fiscalía descartó la primera imputación por el delito de "aborto sin causal" considerando, en palabras del propio fiscal, que: "No existen dudas sobre la justificación de la causal".
Así subrayaron que "este hecho constituye un triunfo para los derechos sexuales y/o no reproductivos de las mujeres y demás personas con capacidad de gestar, puesto que la decisión de la fiscalía ratifica la plena vigencia de la ley 27. 610, especialmente del derecho al acceso al aborto por causales consagrado en nuestro país desde 1921" Asimismo, y en el citado comunicado, señalaron que: "La causa contra Miranda Ruiz nunca debió existir porque, tal como se desprende de la valoración de la fiscalía al desestimar la primera imputación, su participación en el equipo interdisciplinario que acompañó a la paciente se ajustó a los marcos legales y estándares de salud nacionales e internacionales", y agregan: "la detención de Miranda constituyó un atentando contra las libertades y derechos que conquistamos democráticamente, fue un ataque orquestado por sectores conservadores y oscuros de la provincia de Salta en complicidad con representantes del poder judicial, que de formas violentas y espurias buscan impedir el pleno ejercicio de las libertades reproductivas de las mujeres."
En ese sentido, destacaron que pese a las persecuciones y "las diferentes vejaciones y violencias de las que Miranda fue víctima", el derecho al aborto nunca dejó de garantizarse en el hospital Juan Domingo Perón, "al contrario, su detención tuvo un efecto tal que aumentó la demanda y visibilización del consultorio y de la ley 27. 610, llegando a ampliarse la atención a zonas como Santa Victoria Este". "No lograron ni van a lograr quebrar los derechos que conquistamos las mujeres y demás personas gestantes", aseguraron y resaltaron que cada vez son más los profesionales de la salud garantes, comprometidos con la construcción de una salud igualitaria y con perspectiva de género.
"A un año de la detención de Miranda, el aborto es legal en Tartagal y en todo el país. Exigimos que Miranda deje de ser perseguida por un delito que no cometió. Exigimos que se investiguen las violencias reproductivas que cometen otros profesionales varones en el ejercicio de sus funciones médicas, casos que ponen de manifiesto la vara patriarcal con la que la justicia actúa rápidamente para ciertos hechos, mientras que, llamativamente, elude u oculta otros. A un año de la detención de Miranda, abrazamos y acompañamos a nuestra compañera como lo hicimos desde el primer momento", concluye la misiva.
