En ese marco, una de sus directoras, Natalia Fuentes, profundizó con Nuevo Diario sobre el concepto de violencia económica.
“Vemos que necesitamos seguir hablando y visibilizando este tipo de violencia, porque por ejemplo en el informe anual del OVCM de 2.022, veíamos que sólo un 3 o 4% de las situaciones de violencia que se denuncian son por violencia económica o patrimonial y creemos que esto está invisibilizado, cosa que no sucede actualmente con la violencia psicológica que hasta no hace mucho tiempo, era un tipo de violencia naturalizada”, introdujo la funcionaria del Observatorio.
“Pretendemos en este caso, empezar a difundir un poco más, de qué se trata la violencia económica y cómo impacta también en el acceso a derechos de niños, niñas y adolescentes, porque por lo general, cuando hablamos de la obligación alimentaria las personas alimentantes o que deberían cumplir, siempre piensan que termina destinándose a la persona que está al cuidado de ese niño, niña o adolescente y no que está destinado a su cuidado. Por eso también es muy importante la aplicación de estos índices como los de crianza”, refirió.
Más cuestiones culturales que desaprender
“Un dato no menor, es la ausencia de conciencia sobre el incumplimiento alimentario, al punto de la naturalización sin vincularlo con la violencia económica”, alertó Fuentes. “Cuando hablamos de incumplimiento, por lo general pensamos que se resuelve haciendo el trámite de la cuota alimentaria, se resuelve. Hay una ruta crítica que la mayoría de las mujeres deben recorrer dentro del sistema administrativo y judicial para acceder a una definición de esta cuota, y todo eso contempla la encuesta, además del tiempo del procedimiento, sabemos que se extienden durante mucho tiempo”, dijo y concluyó: “la idea es que este tipo de relevamiento nos permita, una vez concluído, sugerir políticas públicas a los poderes para agilizar estos tiempos para que estas familias monoparentales obtengan mecanismos más eficientes y no acudir a otras medidas o alternativas”.
