La segunda jornada de expositores del debate de la ley de alquileres se desarrolló este jueves en un plenario de comisiones del Senado, con pedidos de los representantes de inquilinos para hallar una solución a la escasez de ofertas de inmuebles y negociaciones de parte de los legisladores oficialistas y opositores para la emisión de un dictamen.
La semana que viene se buscará firmar el dictamen, según propuso el presidente de la Comisión de Legislación General del Senado, el pampeano oficialista Daniel Bensusán.
También desde el oficialismo, Juliana Di Tullio señaló que el Frente de Todos "tiene propuestas para mejorar el dictamen" y que "hay distintas posturas en el interbloque sobre este asunto".
Los testimonios
En su disertación, Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, recordó que desde el 2016 vienen discutiendo la ley, pero “sabíamos que la pelea no era esa, la pelea era cuando la ley estuviese vigente, porque sabemos muy bien el rol del mercado inmobiliario en el país porque el Estado ha delegado en el mercado inmobiliario la responsabilidad del acceso a la vivienda”.
Por su parte, Juan Arrizabalaga, Inquilinos Tandil; consideró que los 10 millones de inquilinos del país están "en una situación crítica ante un nuevo ataque del lobby inmobiliario que permea a una parte de la clase política argentina", y afirmó que la reforma aprobada por Diputados "es pro mercado y pro rentistas"
Posturas encontradas
Del lado de la oposición, el radical Víctor Zimmermann reclamó "darle la mayor celeridad y previsibilidad al tratamiento de la media sanción" al ratificar que el interbloque de Juntos por el Cambio "está para firmar el dictamen del proyecto tal como vino de la Cámara de Diputados".
Mientras la oposición pretende aprobar la iniciativa tal como vino de Diputados, y convertirla en ley en la próxima sesión, el oficialismo quiere introducirle modificaciones, por lo que debería regresar en revisión a la Cámara baja para su sanción definitiva.
En tanto, los expositores criticaron la vuelta a dos años en los contratos, que se “iguale” a las partes de la relación y advirtieron que una modificación a la norma actual no garantiza que se amplíe la oferta de una manera accesible. También denunciaron abusos por parte del sector inmobiliario, ante la falta de control de la ley vigente.