Mientras el lenguaje inclusivo se utiliza cada vez con mayor frecuencia en actos y documentos oficiales de la administración estatal, dos abogadas presentaron un proyecto de ley ante la Cámara de Diputados para prohibir su uso en los tres poderes del Estado. La iniciativa también apunta a que no se utilice en los actos oficiales y en las escuelas.
“Prohíbase el uso en documentos y actos oficiales y en establecimientos educativos del comúnmente denominado ‘lenguaje inclusivo’, en cualquiera de sus formas (”x”, “e”, “@”, etc.), empleadas para reemplazar el uso del masculino cuando es utilizado en un sentido genérico, así como de cualquier otra forma diferente a la lengua oficial adoptada por la República Argentina”, plantea el primer artículo del proyecto.
La iniciativa fue elaborada y presentada en la Cámara Baja, no por legisladores, sino por las abogadas Cynthia Ginni y Patricia Paternesi, y cuenta con una carta de adhesión del constitucionalista Félix Lonigro.
La norma sería aplicable, aclara el texto, a “todos los documentos y/o actos oficiales emitidos por cualquiera de los tres poderes del Estado en todos sus niveles, así como a las escuelas de todos los niveles y establecimientos educativos de la República Argentina”.
El proyecto apunta contra lo que considera “alteraciones gramaticales y fonéticas que desnaturalicen el lenguaje” y sus autoras sostienen que la “mala utilización” del lenguaje obstaculiza la “lectoescritura y la comprensión” para los chicos en sus primeros años de vida, además de suponer “una barrera para aquellos que tienen dificultades”.
Cynthia Ginni y Patricia Paternesi también sustentaron su presentación en los criterios de la Real Academia Española (RAE). En uno de sus últimos pronunciamientos sobre le lenguaje inclusivo, la RAE sostuvo: “El uso de la letra ‘e’ como supuesta marca de género inclusivo es ajeno a la morfología del español, además de innecesario, pues el masculino gramatical (‘chicos’) ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género”.
“Debe tenerse presente, asimismo, que la utilización de términos masculinos con carácter inclusivo de lo femenino no afecta en absoluto la igualdad entre hombres y mujeres. Como bien se señala, es un hecho estrictamente lingüístico que carece de consecuencias políticas para la visibilidad de las mujeres, el respeto con que son tratadas, o su acceso a los puestos de mayor responsabilidad en todos los ámbitos de la sociedad”, agregaron las abogadas.
Las autoras también mencionaron el caso de Francia, como un modelo a seguir. En mayo, el Gobierno de ese país consideró que el lenguaje inclusivo, que incorpora un sufijo femenino en un sustantivo masculino a través de un punto, constituye un obstáculo al aprendizaje de los alumnos y no debe ser usado como alternativa para la feminización de la lengua.
