Lo primero a tener en cuenta es que el Gobierno le transmitió a la jueza que, a su criterio, las empresas de salud aumentaron mediante prácticas de abuso de posición dominante y abuso de poder, que afectaron la libertad del mercado. Ante esa irregularidad, el equipo jurídico que se presentó ante el tribunal Civil y Comercial consideró que debería aplicarse una corrección que revierta los aumentos que se habrían dispuesto mediante esas conductas presuntamente dolosas.
En ese marco, sugirieron que se aplique un criterio de aumento que sería, en principio, objetivo: el IPC que difundió el INDEC durante los meses en los que las facturas de las prepagas pegaron un salto. Por todo esto, y en base a un informe técnico al que accedió Infobae, le propusieron a la magistrada una fórmula de devolución del excedente entre el 70% promedio que dio el costo de vida y el 140% promedio de suba que aplicaron las principales prepagas.
Para los técnicos, una fórmula posible sería la devolución mediante siete cuotas consecutivas e iguales de ese 70% estimado que se cobró de manera irregular, siempre teniendo en cuenta el IPC de cada mes.
En concreto, y según el amparo de la SSS, hubo “un aumento de alrededor del 150% por parte de las Entidades de Medicina Prepaga cuando conforme los índices consignados, surge que el aumento asciende aproximadamente el 70%”.
Ese 70% es el que se devolverá, según la propuesta del gobierno, en cuotas iguales durante siete meses. Por caso, si la inflación del mes fuese del 10% no habría aumento. Si fuese de 11%, la suba correspondiente ascendería a 1 por ciento. Y en el caso de que la inflación sea de 5%, las empresas tendrían que devolver el 5% al cliente.
Desde el sector de la salud privada fueron contundentes: “Si esta medida hay que aplicarla tal cual se anunció, quiebra el sistema privado de salud, pero no dentro de seis meses, quiebra dentro de 60 días”, aseguraron.
Defensa del Gobierno
Desde la Superintendencia de Servicios de la Salud indicaron que la petición a la Justicia “no es una intervención del mercado sino justamente lo contrario: una acción que lleva adelante la Superintendencia en su rol de fiscalizador para que se transparenten los indicadores y se garantice la libre competencia”.
Sistema de Salud
“El Gobierno desreguló el sistema de salud con el objetivo de que todos los beneficiarios puedan elegir libremente entre Obras Sociales y Prepagas, y con el de impulsar la libre competencia y mayor transparencia entre los actores, para así lograr un sistema más equitativo, solidario y eficiente”, afirmaron.
“Esta es una acción independiente pero complementaria a la medida tutelar por cartelización que también avanza en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia”, aclararon.
