Según el organismo, las Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pueden llevar adelante sanciones frente a la actitud represiva del gobierno jujeño contra los manifestantes.
La Secretaría de Derechos Humanos anunció su postura a través de un comunicado oficial: "Asumiendo las obligaciones internacionales del Estado argentino, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante en la causa en la cual se deberán investigar las responsabilidades de la violenta represión y sus consecuencias, como las lesiones gravísimas a personas que incluso han perdido alguno de sus ojos".
"Ante la represión llevada a cabo por el gobernador Gerardo Morales, la CIDH había llamado la atención al Estado argentino exigiendo respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios", agregó.
La secretaría, encabezada por Horacio Pietragalla Corti, defendió y calificó como "legítima" la modalidad de protesta que se basa en cortes de rutas y otro tipo de manifestaciones. "Es necesario que se tolere que las manifestaciones puedan generar cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana, por ejemplo, con relación al tráfico y las actividades comerciales, a fin de no privar de su esencia al derecho de reunión pacífica", expresa.
Naciones Unidas pide investigar
Naciones Unidas ya se expresó al respecto de los hechos violentos en Jujuy y presionó al gobierno nacional a "investigar con premura todo indicio de violaciones de derechos en el contexto de las manifestaciones contra la reforma constitucional en Jujuy".
Además, consideró que se deben redoblar los esfuerzos para promover el diálogo y reducir las tensiones, abordando las causas profundas de las protestas.
