Ante el TOF2, todos los imputados que se conectaron al Zoom, incluida Cristina Fernández de Kirchner, Luciani dijo sentir “profunda tristeza” por los presuntos hechos de corrupción ya que, dijo, la “desviación del dinero público va en detrimento de los sectores más vulnerables de la población”.
El fiscal se refirió a una “poderosa estructura que se enquistó cuando Néstor Kirchner asumió como presidente de la Nación” y afirmó que “los pasos fueron perfectamente orquestados”. Habló de adjudicaciones “escandalosas” y un “auténtico y eficaz sistema de corrupción”. En su argumento se refirió a una presunta “división de roles” para cometer el delito y que hubo una “perpetuación en el tiempo” del mismo.
Además sostuvo, “el objetivo fue eliminar la competencia entre oferentes para beneficiar a Lázaro Báez ” y “no se trató de prácticas aisladas como nos quiere hacer ver la UIF, sino de hechos gravísimos que se perpetuaron en el tiempo”.
“Como un parásito, la corrupción se instaló en distintos organismos del Estado”, vociferó Luciani y afirmó, hubo una “detracción de fondos del Estado para beneficios de un tercero”. En ese sentido recordó que “Lázaro Báez en 2003 aportaba a la AFIP como monotributista” y que, a pesar de que “no tenía ninguna experiencia en obra vial, de la noche a la mañana” se lo “convirtió en empresario”, al “amigo de Néstor y Cristina Kirchner”.
También habló de un “modelo ilegal” que “se enquistó durante doce años” en forma “endémica”, sin controles “serios”. “No se trató de algún funcionario infiel, como die la UIF”, aseguró Luciani, sino que dijo que fueron 51 obras en total.
La incógnita, por el momento, es cómo probará que efectivamente se amañaron esa cantidad de adjudicaciones, teniendo en cuenta que solo se peritaron tres de ellas.
La fiscalía dijo también que hubo “desinversión” debido a que una “inmensa cantidad de obras no se terminaron”.
Luciani dijo: “hemos analizado todos los expedientes. Esos expedientes no solo hablan, gritan. Las licitaciones estaban direccionadas. Y lo vamos a probar”, prometió.
ARA San Juan
El abogado Luis Tagliapietra, padre de una de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan, denunció ante el Consejo de la Magistratura a los camaristas federales que sobreseyeron al expresidente Macri en la causa sobre tareas de inteligencia a familiares de los tripulantes del submarino. El letrado pidió la remoción de Mariano Llorens, Pablo Daniel Bertuzzi y Leopoldo Bruglia por mal desempeño en sus funciones y prevaricato. Para Tagliapietra "el accionar de los denunciados deviene en la utilización abusiva de las facultades otorgadas por el Código Procesal Penal de la Nación en función de su calidad de magistrados federales, con motivos probablemente espurios" o por "amiguismo".
