Pami revisará los casos de 200 mil jubilados beneficiados por el subsidio social para medicamentos cuyos ingresos superan el techo establecido por la nueva normativa anunciada por ese organismo la semana pasada, decisión que desató una polémica y el rechazo de la oposición al gobierno.
Al día de hoy el beneficio que le garantiza la gratuidad de los medicamentos a los jubilados de PAMI es percibido por 1,6 millones de sus 5 millones de afiliados; pero el cruce de información a través del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys) detectó que 50 de los beneficiarios eran propietarios de aviones y 2.000 de ellos cuentan con embarcaciones a su nombre, según datos oficiales.
Estos datos llevaron al organismo a establecer nuevos parámetros para el acceso al beneficio que fueron equiparados a los establecidos para la tarifa social de servicios públicos; los afiliados de Pami que soliciten el subsidio deberán demostrar ingresos iguales o inferiores a una jubilación mínina y media; no poseer más de un inmueble y no contar con un vehículo de menos de diez años de antigüedad, entre otros requisitos.
Una medida contra la corrupción
"En realidad es una medida que tiene que ver con lo tradicional del PAMI que es la corrupción. Un programa que es la entrega de medicamentos por vías de excepción, con el 100% de descuento, hasta 2012 se realizaba con el control previo de un informe social del jubilado al que se le entregaba. Luego dejó de hacerse por falta de trabajadores sociales y esto generó que muchos a quienes no les correspondía el programa igual lo recibían", señaló por su parte El defensor del Pueblo de la Tercera Edad de la ciudad de Buenos Aires Eduardo Semino a la radio FM Latina.
Apuntó que "no obstante, en algunos casos las cuestiones observadas son poco serias, por ejemplo, el tema de establecer el grado de riqueza por si tiene o no una prepaga es incorrecto". "Hay algunos que cobran la mínima y los hijos con mucho esfuerzo pagan una prepaga, que incluso eso ayuda al PAMI al eximirlo de algunos gastos", puntualizó.
Semino aseguró que "más allá de la corrupción, el principal problema del PAMI es el contrato con la industria del medicamento, que de hecho se está negociando en estos días" en referencia al convenio que el PAMI negocia cada año con los laboratorios para definir las condiciones de la cobertura de los medicamentos.
