El Frente de Todos (FdT) intenta este jueves aprobar la adminisbilidad del juicio político contra los jueces de la Corte Suprema (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) y abrir un sumario para acumular las pruebas que sostengan la acusación en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, que se encuentra reunida desde las 11 de la mañana.
Previo a esta instancia, hubo dos reuniones donde se estableció el cronograma de trabajo y se recibieron testimonios de los autores de los 14 expedientes existentes sobre el tema.
Ante la mayoría simple en la comisión, el frente oficialista tiene garantizada la aprobación de la admisibilidad del enjuiciamiento y la apertura del sumario.
El FDT y Juntos por el Cambio mantuvieron conversaciones informarles para ordenar la reunión, previendo el armado de dos resoluciones: la oficialista, a favor, y la de la oposición, en contra.
Sin embargo, Paula Olivetto y Juan López, de la Coalición Cívica, dejarán plasmado que sí avalan la admisibilidad para el caso de Lorenzetti, por las causales expuestas en los dos expedientes presentados en 2016 por ese partido, aclarando que no lo hacen por los argumentos principales de los expedientes del FdT.
El legislador Alejandro “Topo” Rodríguez del interbloque Federal, adelantó su posición en contra del proceso.
En caso de aprobarse la admisibilidad, el proceso continuará con la etapa de recolección de pruebas y testimonios para decidir si se emite dictamen acusando a cada uno de los cuatro jueces, en un trámite que se desarrollaría durante los próximos tres meses.
En caso afirmativo, los proyectos estarían en condiciones de ser analizados por el plenario de la Cámara, una instancia que el oficialismo por el momento no arriesgaría, ya que no cuenta con la mayoría especial requerida para su aprobación: dos tercios de los miembros de la Cámara presentes en ese momento (172 diputados si la asistencia de los 257 integrantes del cuerpo fuera perfecta). Igualmente, el dictamen de la comisión tendría tres años de validez.
De los 14 expedientes que se tramitan, el que el oficialismo toma como anclaje es el presentado por el diputado Eduardo Valdés y otros pares e impulsado previamente por el presidente Alberto Fernández y mandatarios provinciales, quienes advierten que Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti incurrieron en mal desempeño en el ejercicio de su labor al frente del tribunal que ejerce el rol de superintendencia del Poder Judicial.
Las acusaciones del Ejecutivo se fundan principalmente en el fallo de la Corte que benefició a la ciudad de Buenos Aires en el litigio que mantiene con Nación por los fondos coparticipables, y también por reponer después de 16 años la ley que regía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura con una composición de 20 miembros, y que había sido derogada por el Congreso.
También se cuestiona al máximo tribunal el haber legitimado en 2017 el cómputo del "2x 1" para que Luis Muiño, un represor de la última dictadura cívico-militar, accediera al beneficio de la libertad condicional.
Otra de los causales son una serie de "irregularidades, incumplimientos y desmanejos" en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn), que es administrada por la propia Corte.
Fuente: Télam
