"El estado es la víctima de estos delitos. La ciudadanía entera fue la víctima de los abusos del poder. La sociedad indefensa mira hoy a los fiscales y jueces como la última esperanza frente a estos atropellos. El fiscal es garante del estado de derecho", dijo.
"Cristina Fernández ostentaba la máxima jerarquía y usó sus competencias y poder para alcanzar el lucro final de esta maniobra", aseguró el fiscal, quien acusó a la vicepresidenta de "priorizar el interés personal sobre el interés público" y "defraudar a la sociedad".
"Cristina Fernández de Kirchner desafió a este tribunal cuando dijo que la absolverá la historia. Pero en un sistema republicano, es el Poder Judicial quien absuelve después de un proceso penal respetuoso de todos los derechos y todas las garantías", afirmó ante el tribunal.
"Nadie debería poner en duda que la separación de los poderes públicos son el eje de un estado de derecho saludable", dijo. Y agregó: "Los dirigentes políticos argentinos pusieron la corrupción bajo la alfombra. Es obligación de la justicia velar por los intereses de la ciudadanía".
"Se trató de actos de corrupción sistemáticos promovidos y mantenidos por los máximos responsables políticos del país que arrasaron con todos los principios de contratación pública y que provocaron un gravísimo perjuicio contra las arcas del Estado", dijo al final de la presentación de los alegatos.
Además, el fiscal respondió al presidente Alberto Fernández a quien acusó de "encabezar una injerencia indebida en el Poder Judicial". "Las decisiones en materia de contratación pública no es revisable en los tribunales", le remarcó.
"No hace falta que diga acá que uno de los motivos por los que renunció al cargo de jefe de Gabinete fue lo que estaba ocurriendo con la obra pública en Santa Cruz", el fiscal, quien agregó que "para defender puerilmente a su compañera de fórmula evitó hablar de los graves hechos aquí ventilados".
El fiscal dijo no pudo encontrar "un sólo atenuante" de la pena solicitada para Cristina Kirchner, a quien consideró "jefa" de la asociación ilícita por las obras cedidas al empresario Lázaro Báez durante su Gobierno.
"Una cosa es la decisión política de qué fondos y cuánto invertir y otra cosa es que se descascaren los fondos del Estado para beneficiar a un empresario", afirmó.
En el listado de agravantes de la pena por los delitos de asociación ilícita y fraude a la administración pública, señaló la "magnitud" de los delitos investigados, "su poder de dirección", la "extensión del daño", y el "lucro personal" que persiguió la vicepresidenta e hizo hincapié en el "cargo" que ocupaban ella y su marido, Néstor Kirchner.
Otro punto fuerte es "el desprecio a la ciudadanía" y "la falta de arrepentimiento" por parte de ella. Sobre el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, sobre el empresario Báez y el exsecretario de Obras Públicas José López tampoco halló "atenuantes" de la pena y en el caso del exministro tuvo en cuenta las condenas anteriores.
