Desde ese entonces, José Dávalos se encuentra en un calabozo. Pero en lo últimos días trascendió que la Justicia jujeña analiza un pedido que realizó el hombre de 62 años para obtener un arresto domiciliario. La situación generó “preocupación” en el ámbito familiar de la menor, dado que el violador vive a pocos metros de su casa.
Todo comenzó a partir de la reciente visita de una asistente social del Servicio Penitenciario de la provincia a la casa de la niña con el fin de realizar un informe social, según contó a Télam Mariana Vargas, abogada de la familia en el juicio contra el violador condenado.
“Si bien no significa que le vayan a dar el arresto domiciliario, el tema es que tendrían que habérselo negado desde el principio y, en vez de ello, están produciendo pruebas a los efectos de evaluar”, sostuvo Vargas. La abogada señaló que se enteraron del trámite a través de la “sorpresiva visita de la asistente social en el primer día de la feria judicial, no cuidándose a la menor, protegida por la ley de derechos y garantías de las víctimas de delitos” y generando “muchísima angustia”.
Por otro lado, Vargas consideró “gravísimo” el hecho de que “se estén produciendo estos informes a solo dos años de la detención” y detalló que el juez de Ejecución de Pena Carlos Cattan es quien ordenó las medidas y resolverá el pedido.
El caso de abuso fue descubierto en enero del 2019 tras denunciarse lo ocurrido en un barrio de la ciudad de San Pedro de Jujuy, donde el violador, en ese momento de 60 años, residía cerca de la casa de la víctima. La menor quedó embarazada de esa violación y fue madre en enero de ese mismo año, ya que la respuesta sanitaria de la provincia ante el pedido de la interrupción legal del embarazo fue avanzar con una cesárea, generando críticas y manifestaciones por parte de organizaciones de mujeres.
