Se trata de miembros de las comunidades de San Andrés, Los Naranjos, Río Blanquito de Santa Cruz y El Angosto de Paraní, que se encuentran frente a Casa Rosada desde el lunes con la intención de hacer notar situaciones de hostigamiento que sufren de parte de una asociación Tinkunaku, entidad a la que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) le otorgó los territorios en disputa, alterando la ley 24242.
Anastacio Vilca Condorí, asesor letrado de las comunidades, dijo a Nuevo Diario, que "hay un dilema terrible y el perjuicio que estos terceros ocasionan es grave y es peor que en la época feudal. La asociación como nombre de fantasía se puso ‘comunidad’ y confundieron al organismo nacional. La Provincia la tiene clara porque acá se hicieron esos trámites, pero le dieron certificación como asociación civil", manifestó.
En tanto, desde Buenos Aires, Eusebio Condorí, uno de los representantes y Coordinadores de la Delegación de las Comunidades Kollas, explicó que la situación fue abordada por distintos Presidentes de la Nación y que ante contextos de hostigamiento de la asociación decidieron embarcarse hacia la capital del país.
Afirmó que son víctimas de constantes atropellos, ya que les pusieron portones con controles de entrada y salidas, les impusieron cobros indebidos de derechos territoriales, que después los cambiaron por "solidarios", bajo amenaza de ser desalojados si no pagaban. "Pusieron una guardia policial por horas y días determinados y amedrentaron a los hermanos para cumplir. Hubo ola de violencia con mujeres y hombres golpeados, donde la policía no recibía la denuncia", agregó.
Para el letrado, lo que tienen "no es un problema interno, sino netamente legal. Las comunidades se manejan bajo el derecho de ser preexistente al Estado, una asociación civil tiene otra legislación. Ellos invocan tener esta legislación a su favor cuando no les corresponde. Es una usurpación".
Por ello, las comunidades piden una "avocación" directa (para la traslación del ejercicio de la competencia para resolver en un asunto concreto, desde un órgano jerárquicamente inferior hacia otro que sea superior), a los de efectos de dictar un Decreto que disponga la Inscripción de la Titularidad de la Tierra que oportunamente se expropió a través de la Ley 24.242, que manda de manera taxativa e inconfundible devolver la tierra a las Comunidades de: Los Naranjos, Río Blanquito y el Angosto de Paraní de Orán, que por error o de manera intencional se titularizó a terceros.
