La norma, que surgió de la última reforma tributaria realizada a través de la ley 27.430 y a instancias de la oposición, grava con el Impuesto a las Ganancias actividades financieras que antes no estaban alcanzadas, como los intereses y las utilidades que obtienen las personas por sus inversiones en plazos fijos, fondos de inversión y títulos públicos, entre otros. Para estar alcanzado por el impuesto, las ganancias deberán superar los $ 66.917,91.
El gravamen rige para los beneficios obtenidos a partir del 1 de enero de 2018 y el año fiscal cerrará el 31 de diciembre próximo, es decir que se tendrán en cuenta los ingresos obtenidos por todas operaciones realizadas durante el año.
Resta ahora que la AFIP publique la reglamentación fina (lo haría en enero) en donde se determine cuándo habrá que ingresar el tributo y de qué manera. Lo más probable es que sea en el mes de junio de 2019 y que para ello se tenga que confeccionar una liquidación aparte de la que se hace para la general del Impuesto a las Ganancias de las personas físicas.
