La empresa es propiedad de Franco Macri, por el cual se le condonaba una parte de la millonaria deuda que mantiene con el Estado. Zoni amplió la acusación además del primer mandatario a su ministro de Comunicación, Oscar Aguad, en el expediente que investiga ese acuerdo que había firmado supuestamente para la familia del jefe de Estado.
Según las denuncias hechas, el Estado ofreció cobrarle al Correo Argentino el 50 por ciento de la deuda y a pagar en el 2032 y 2033. En ese sentido, advierten que tomando en cuenta los intereses de la deuda original que era de 296 millones de pesos, hubo una quita de 70.163 millones de pesos, el 98,82 de la quita de la suma original.
Ahora, Zoni amplió la acusación contra los directivos de las firmas Correo Argentino S.A., Socma S.A. y Simeco S.A., a los Síndicos intervinientes en el concurso de Correo Argentina S.A. y la jueza a cargo del proceso, Marta Cirulli.
La medida de ampliación se basó en información encontrada por la fical Boquin, que indica que pudo haber existido un posible vaciamiento de la concursada (Correo Argentino) a favor de sus empresas controlantes en perjuicio de los acreedores.
"A partir de lo reseñado, Correo Argentina S.A. habría abonado a su controlante Sideco Americana S.A. en concepto de alquileres y otros conceptos adicionales, montos cuyo respaldo documental no coincide con las cifras erogadas", sostuvo el fiscal Zoni.
En ese sentido, indicó que la nueva información "obliga a investigar la posible laxitud con la que se ejercían los controles sobre el manejo y administración que la concursada Correo Argentino S.A. poseía sobre sus bienes, lo cual habría conllevado y permitido el posible desapoderamiento de los mismos a favor de su controlante", esto es, "el vaciamiento patrimonial de Correo Argentino S.A. en beneficio de Sideco Americana S.A".
Perjuicio multimillonario
En el dictamen, el fiscal Zoni señaló que a raíz del acuerdo con el Correo se produjo un perjuicio patrimonial multimillonario en las arcas del Estado.
La investigación judicial comenzó luego de cuatro denuncias, basadas en el dictamen de Boquín. La primera fue presentada por los ex legisladores de Nuevo Encuentro Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti y el abogado Daniel Igolnik. Las otras tres fueron impulsadas por legisladores del Frente para la Victoria, un abogado y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez.
Los denunciantes sostuvieron que el acuerdo beneficia al propio jefe de Estado porque el Correo Argentino es de la familia Macri y las acciones corresponden a dos hermanos y a tres de sus hijos, a quienes les derivó sus acciones en 2009.
