Los gobernadores de las diez provincias petroleras —nucleadas en la Ofephi— difundieron el miércoles una declaración conjunta para dar a conocer su posicionamiento frente a la profunda reforma de la Ley 17.319 (de Hidrocarburos) que impulsa el gobierno de Javier Milei a través de la Ley Ómnibus que se debate ahora en la Cámara de Diputados.
Esa presentación, que consta de siete carillas y se difundió entre los medios de comunicación, fue cursada al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, con un anexo que no trascendió a la prensa. En ese apartado, los mandatarios petroleros directamente avanzan sobre el proyecto de Ley elaborado por La Libertad Avanza y proponen la reescritura de un párrafo clave de la reforma.
Se trata del artículo 6 de la Ley 17.319, que configuró el principio de autoabastecimiento hidrocarburífero que rigió en el mercado local durante las últimas seis décadas (la Ley original es de 1967). La propuesta de los gobernadores busca destrabar y contemporizar, en realidad, un fuerte e impensado contrapunto entre los principales referentes privados de la industria, que no lograron ponerse de acuerdo en un texto común.
El artículo 258 de la Ley Ómnibus —que sustituirá el artículo 6 de la Ley 17.319— fue enviado por la Ofephi el jueves por la tarde al ministro del Interior, Guillermo Francos, y sostiene que las empresas productoras “podrán exportar libremente los hidrocarburos y/o sus derivados respecto de los cuales se haya cumplido el objetivo de abastecimiento interno, conforme la reglamentación a dictar por el Poder Ejecutivo Nacional”, según figura.
La secretaria de Minería y Energía Romina Sassarini participó de este encuentro, cuyo eje fue proponer modificaciones.
Los representantes Salta, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Formosa, Mendoza, Río Negro, Tierra del Fuego, La Pampa y Jujuy, reafirmaron la defensa del dominio originario de las provincias sobre los recursos hidrocarburíferos en sus territorios, como así también las facultades de administración sobre los mismos.
El mencionado documento está dirigido al secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo, y a los jefes de bloque en el Congreso. Plantea la necesidad de un marco jurídico que promueva la previsibilidad, generación de empleo y desarrollo económico. Además, respalda iniciativas destinadas a incentivar inversiones y fortalecer la seguridad energética nacional.
Las autoridades solicitan un debate, rechazan limitaciones a las facultades provinciales y abogan por la sustentabilidad en la actividad. También, expresaron que es importante clarificar las nuevas autorizaciones de transporte y procesamiento, e hicieron hincapié en la inclusión de nuevos participantes en el desarrollo de recursos hidrocarburíferos.
Destacaron la necesidad de actualizar los valores de canon y multas, expresaron su desacuerdo con la delegación de facultades ambientales al Gobierno Nacional, abogaron por el consenso en legislación ambiental y reafirmaron el papel de empresas estatales provinciales.
En cuanto a las cuotas de derechos de exportación, pidieron limitarlas al 8%, mientras que para el régimen de incentivo para grandes inversiones, buscaron adecuaciones para proyectos de explotación hidrocarburífera y resaltaron la importancia de reactivar áreas maduras de explotación convencional.
Finalmente, los miembros de la OFEPHI mostraron su buena predisposición para participar en ámbitos legislativos y remitir una propuesta normativa a través de la secretaría ejecutiva del organismo.
