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En el marco de la Sesión Ordinaria de Diputados de la jornada de ayer, una vez más el Ejecutivo envió un polémico proyecto que obtuvo rápidamente media sanción, sin mediar demasiado análisis, la modificación de un artículo del Código de Procedimientos Mineros, con el objetivo de eliminar algunos pasos burocráticos en la realización de trámites, argumentando la búsqueda de celeridad. Durante el debate, algunos legisladores advirtieron que se afecta el rol del Juzgado de Minas y el de la Secretaría de Medio Ambiente en cuanto a los informes de impacto ambiental, que dicho sea de paso, y conforme lo aprobado ayer, lo esgrimido por esta dependencia no será vinculante, al tiempo que se dejará sin intervención alguna al Juzgado de Minas, ya que según indicaron, actualmente se trata de como mero espectador y pasamanos administrativo.
Ya en horas de la mañana, la secretaria de Minería y Energía, Romina Sassarini, acompañada por el coordinador general de dicha dependencia, Juan José Martínez, presentó ante Diputados los pilares fundamentales del proyecto de ley que busca modificar el artículo 34 de la ley N° 7.141, no obstante y sin la presencia de la Jueza de Minas Dra. María Victoria Mosmann, para que ratifique o rectifique un diálogo entre todas las partes, previo a la presentación del proyecto de ley que ayer obtuvo media sanción. Así, y en idéntico modus operandi a otras iniciativas, rápidamente, se llevó adelante el tratamiento.
De este modo, el presidente de la Comisión de Minería de Diputados, Lino Yonar, y el equipo de legisladores oficialistas (Villamayor, Fiore, Rallé) procedieron a la defensa del proyecto, para su aprobación con cada punto y coma original, pese a las insistencias de sus pares, de ampliar el debate, sobre todo ante la incertidumbre del rol de la Secretaría de Ambiente de la provincia, cuyas expediciones al respecto de los expedientes que se presenten, de ser aprobada la ley, en absoluto serán vinculantes. Sin mediar más, se procedió a la votación y aprobación del proyecto, con una sola abstención de la diputada Juárez de Orán, además de los cuestionamientos de algunos diputados que no encontraron asidero.
Inútiles argumentos
Roque Cornejo – diputado por Capital – indicó que, tal como está presentado el proyecto, lo que busca es acelerar el procedimiento minero, brindando la facilidad de omitir un paso en la presentación del informe de impacto ambiental. “Hasta ahí podemos estar de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa cuando la burocracia es control?”, cuestionó el diputado.
Por su parte, el diputado por General San Martín, Santiago Vargas, consideró que los legisladores deben tener en cuenta la actualidad climática del mundo y, en definitiva, la injerencia de la actividad humana en el cambio climático.
“Vemos bien que se eliminen todas estas burocracias que traban los expedientes”, aseguró el legislador, sin embargo advirtió que la explotación debe ser sustentable y que el proyecto en cuestión debe “cuidar” algunos puntos.
Yonar reconoció que la Justicia no prestó conformidad al proyecto de ley minera
El presidente de la Comisión de Minería de Diputados, Lino Yonar, realizó en diálogo con Nuevo Diario, una intensa defensa del proyecto que en la letra grande apunta a la desburocratización de los trámites que deben realizar los emprendimientos mineros en territorio salteño.
El artículo 34 del código establece que la recepción es del juzgado de minas, y de ahí lo distribuye a la secretaría de minería y a la secretaría de ambiente, realizando el primero un mero pase administrativo. Lo que pretendemos es que directamente pase a manos de la Secretaría de Minas y se le de una participación mucho mayor a la Secretaría de Ambiente.
Hoy la participación es poco relevante o prácticamente nula y el análisis lo hace la secretaría de minería.
Lo que se busca es evitar el traspaso administrativo, y a la vez la importancia en la participación de la secretaría de medio ambiente y el aporte técnico, que recordemos, de ser aprobada esta modificación, a pesar de intervenir más, su intervención no será vinculante
Ante la insistencia del rol de juzgado de Minas, Yonar remarcó que su rol siempre fue meramente administrativo: "el juzgado de Minas recibe y reenvía esos informes a la Secretaría de Minería, porque es la autoridad de aplicación". Y es que si bien se habla de un consenso entre las partes en la búsqueda de agilizar los citados procedimientos, lo cierto es que en ningún lugar figura la conformidad del Juzgado de Minas, como tampoco se presentó la magistrada Dra. María Victoria Mosmann, para dar explicaciones al respecto
"Podría ser, si bien es uno de los puntos que expresa el proyecto en relación a los consensos, es verdad que no está documentado, pero también es importante los fundamentos que se le dan al proyecto", reconoció Yonar. "Hoy el Juzgado de Minas tiene una participación exclusivamente administrativa", insistió: "eso hace que no se le quite ninguna facultad y ningún tipo de aporte, porque no lo hay", enfatizó. Consultado por la polémica en puertas, en relación a una nueva aprobación express de un proyecto del Ejecutivo, sin conocerse en profundidad los detalles, como sucedió con la Ley Antipiquetes y la Ley Mordaza, Yonar argumentó que se trata: "de lo que es a lo que puede ser.
