En dialogo con el programa Hora de Voces (FM Ya 91.3) la secretaria de Minería y Energía de Salta, Romina Sassarini dio detalles de la iniciativa que se mandó a la cámara baja.
El proyecto busca modificar el apartado 3 del artículo 29 del Código Fiscal de la Provincia de Salta, donde se establecen las tasas que tienen que pagar las empresas mineras por solicitudes que se hacen, tanto en el Juzgado de Minas, como en la Secretaría de Minería y Energía, para empezar a tramitar los procedimientos mineros.
La ley originalmente se sanciono en el año 1990 y tuvo una modificación en el 2000, por lo que la normativa lleva 23 años sin modificarse.
El atraso en la actualización de valores ha generado que solicitudes de trámites para la minería tengan valores ínfimos.
Por ejemplo, la solicitud de cateo que se tramita en el Juzgado de Minas pasará de un valor de 50 unidades tributarias a 400.000 llevando el costo del mismo de $1.050 a más de $4.5 millones de pesos, solo para iniciar el trámite.
El motivo del proyecto es desalentar las especulaciones que surgen con respecto a la adquisición de concesiones mineras y la posibilidad de realizar negocios inmobiliarios sobre las mismas.
“Nosotros queremos que los inversores que lleguen a la provincia de Salta sean inversores que realmente realicen trabajo sobre esas minas, instancias de exploración, después de construcción, puesta en marcha y puesta en producción porque eso es lo que genera hoy en la provincia la palanca del empleo y el desarrollo de proveedores que estamos teniendo. Nada nos sirve que se adquieran minas o que se inicien trámites mineros con precios mucho más bajos y que después esas minas se negocien para con nuevos adquirentes o con nuevos concesionarios y se dé esta especie de negocio inmobiliario”, explicó la secretaria.
El valor ínfimo de los costos de inicio del trámite genera un desgaste administrativo y de recursos, según detalló Sassarini. Esto se debe a que el bajo costo provocaba que cuando se declaraba la vacancia de hectáreas para la exploración minera se producían cientos de solicitudes que el personal del Juzgado de Minas y de la Secretaría debe analizar para evaluar el más proyectable.
“El proyecto tiene múltiples beneficios, no solamente evitar especulaciones o que se adquieran minas con fines especulativos, sino que la adquieran quienes de verdad van a hacer inversiones, que son las que hoy dinamizan la economía de Salta. Y, además, por otro lado, ajustar muchísimo más los trámites, la celeridad que puede tener tanto el Juzgado de Minas como el Catastro Minero en registrar estos pedimentos y hacer una devolución de este pedido”, advirtió la funcionaria sobre los beneficios.
Sassarini también se refirió al monitoreo que existe sobre las inversiones mineras. La funcionaria considera que el proyecto también puede desalentar que privados que no esten interesados en realizar inversiones como marca la ley vigente, puedan resultar consecionarios de héctareas para la exploración minera.
A la larga este tipo de situaciones genera que se deba judicializar desde la provincia estos casos para asegurar que las mineras realicen las inversiones que prometen al momento de solicitar las conseciones. Actualmente la legislación obliga a los privados al desarrollo de inversiones para mantener la titularidad para la exploración y explotación minera en el lugar.
"Cuando no se realizan estas inversiones genera distintos procedimientos a nivel judicial para solicitar que esas inversiones se hagan, que pueden dilatarse a través del tiempo. Y eso no les sirve a la provincia porque puede estar un área cuestionada o en este trámite de resolución bastante tiempo y lo que nosotros necesitamos hoy es que las inversiones se muevan, que lleguen a Salta, darle seguridad jurídica a este inversor que realmente va a consolidar un proyecto de exploración o de construcción o puesta en marcha y que va a generar los números del empleo”, indicó la funcionaria aclarando la perspectiva del ejecutivo frente a estos casos.
