UNO CONTINÚA PRÓFUGO

Llevan a juicio a los nueve acusados de violar a una nena wichi

Los fiscales penales, Pablo Cabot y Federico Obeid solicitaron el enjuiciamiento de los imputados por violación. El hecho ocurrió el 29 de noviembre del año pasado.

La niña pertenece a la etnia wichi de Alto La Sierra, Santa Victoria Este.

Los fiscales señalaron que del análisis de la prueba se “constató que los acusados accedieron carnalmente a la niña, valiéndose del número de autores, el uso de la fuerza y de las condiciones psíquicas y físicas de la víctima”.

El requerimiento de juicio se presentó contra Jorge Gabriel Sala, Omar Alcides Arias, Sebastián Matías Salvatierra, Luis Fernando Lamas, Pantaleón Javier Mansilla y Juan Domingo Verón por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal calificado por el número de autores y agravado por la intervención de menores de edad”, delito por el cual el Código Penal prevé penas de entre 8 y 20 años de prisión. Mientras, se indicó que también el juicio será contra los tres menores de edad acusados de “abuso sexual con acceso carnal calificado por el número de autores”. La diferencia es que en su caso, si es que se resuelve una condena, ésta deberá ser resuelta por el Juzgado de Menores.

De estos seis acusados, Sala se encuentra prófugo y con un pedido de captura.

Una causa con traspaso

La investigación penal se inició tras la denuncia de la madre de la menor, quien sostuvo que su hija había salido el 28 de noviembre de 2015 en horas de la tarde. Pero recién tuvo noticias de ella hasta la mañana del día siguiente, cuando fue anoticiada de que la nena se hallaba en una cancha de fútbol, en Alto La Sierra, lesionada debido a un ataque sexual.

La mujer sostuvo que la menor fue víctima de un grupo de sujetos que la tomaron por la fuerza cuando se hallaba junto a otras amigas, quienes intentaron impedir que se la llevaran, pero fueron reprimidas por los agresores, quienes finalmente lograron su cometido.

En principio se había acusado del abuso sólo a ocho personas. Pero una vez que fue suspendido el fiscal que estaba a cargo del caso (y que había dejado libre a los acusados), Armando Cazón, los fiscales Cabot y Obeid, a quienes se les dispuso la causa, generaron nuevas pruebas.

Entre ellas la declaración de una de las nenas que fueron testigos de la situación que señalaron a Juan Verón.

Órgano dañado

Los fiscales indicaron que la superioridad de atacantes “les permitió doblegar la resistencia de la víctima tomándola del cuerpo y arrastrándola con fuerza y violencia física, desde la cancha de fútbol hasta los arbustos, sin necesidad de propinarle golpes”.

Los fiscales explicaron que cuando mayor es el número de agresores, por lo general, esto basta para lograr el sometimiento de la víctima.

En este caso, Cabot y Obeid revelaron que de las pruebas reunidas surge que la menor no sólo fue arrastrada con fuerza y violencia hasta el lugar donde se perpetró el acceso carnal, sino que el abuso también fue violento, ya que la niña sufrió una lesión en sus órganos.

En cuanto a los acusados, los fiscales dijeron que los elementos probatorios reunidos desvirtuaron las versiones que brindaron los imputados. Asimismo, señalaron que aún se encuentran pendientes otras diligencias probatorias.

Por otra parte los representantes del Ministerio Público Fiscal resaltaron el aporte brindado por los distintos testigos, cuyas declaraciones permitieron establecer con claridad el modo en que los causantes interceptaron a la menor y la arrastraron para luego abusar de ella.

En vista de estos elementos, los fiscales realizaron el correspondiente requerimiento ante el Juzgado de Garantías 1 a fin de que los acusados sean llevados a juicio oral y público por la grave acusación penal que pesa en su contra, y por la cual podría recibir penas de hasta 20 años de cárcel.

Salvados de un Jury

A raíz de la causa, y las decisiones que se tomaron por el fiscal Cazón y el juez de Tartagal, Fernando Mariscal Astigueta, se solicitó un Jury de Enjuiciamiento para que sean destituidos de sus cargos. Sin embargo, los representantes del Senado y la Corte de Justicia decidieron salvarlos del proceso.

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