En un comunicado, desde la entidad colegiada se indicó que se ve “con preocupación” esta modificación, en tanto incidiría por completo en el espíritu de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, “sancionada con grandes acuerdos y valorada como ley modelo por los organismos internacionales de protección de derechos humanos”.
Entendieron que la reforma que se impulsa “va a contramano de los principios de esa ley y de los postulados de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ya que prioriza un modelo de intervención contrario al modelo social de discapacidad.
Por lo contrario, reinstala la lógica de la ‘manicomialización’ y el enfoque ‘biologicista’, y que habilitaría exclusivamente las prácticas fundadas en evidencia científica y excluiría los aportes de otras disciplinas imprescindibles para la rehabilitación”. Aseguraron que el proyecto de decreto reglamentario “significa un retroceso gravísimo”.
Indicaron que es preciso sustituir las instituciones psiquiátricas asilares por una atención integral en salud mental en hospitales generales y a nivel comunitario, priorizando el acceso al trabajo y vivienda alternativa desde una perspectiva de inclusión social.
