En el mismo se establece la creación de una Mesa de Enlace y del Programa Estratégico Integral de Control Forestal.
El procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, y el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Alejandro Aldazábal, firmaron el acuerdo en el que se insta a la creación de un Registro Único de Delitos, Contravenciones e Infracciones Ambientales vinculadas a la tala, explotación, aprovechamiento y comercialización de productos de bosques nativos, conforme a los criterios señalados por las leyes 26.331 y 7.543.
El objetivo central del convenio radica en la aplicación de un criterio unificado para la selección, carga y administración de datos referidos al control forestal en todo el territorio provincial. Dicha base de datos posibilitará la planificación de acciones concretas de protección y represión en favor del ambiente y de las poblaciones, tanto aborígenes como criollas.
A su vez, permitirá el desarrollo de políticas de protección, planificación y fomento de la actividad forestal, sobre la base de datos certeros que reflejen la realidad del comercio forestal irregular.
De esta forma y bajo criterios compatibles, se registrarán en la base de datos las actuaciones que permitirán determinar la existencia de las infracciones contempladas por la normativa vigente. Por último, y con el fin de generalizar los criterios de manejo de información ambiental, la Mesa de Enlace dará participación en forma oportuna, tanto a la Policía Federal Argentina como Gendarmería Nacional y el Ministerio de Seguridad de la provincia.
De la firma del convenio participaron el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos; la jefa del Programa Fiscalización y Control de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Silvina Borelli; el secretario relator en Ambiente e Intereses Difusos de la Procuración General, Sebastián Lloret y los abogados de la Procuración General, Santiago Sotelo y Marcos Rubinovich.
García Castiella sostuvo tras el convenio que "necesitamos unificar y coordinar esfuerzos, estrategias y políticas en función de la protección del medio ambiente, del desarrollo y todos los ámbitos de incumbencia que tienen que ver con la tala de madera, y a su vez también la persecución del delito. A partir de este convenio se llevará adelante un plan estratégico de control forestal y partimos con un registro único de delitos ambientales que no existía hasta este momento, información que permitirá desarrollar políticas públicas".
Acciones acorde al fallo de la Corte Interamericana de DD. HH.
En el año 2.020, la República Argentina (y la provincia de Salta dentro de ella) fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la causa "Comunidades Indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat vs. Argentina", debiendo elevarse los estándares de protección en diversas materias vinculadas al reconocimiento de la personería de los pueblos originarios, al derecho a la propiedad comunitaria, al acceso al agua y la alimentación, a las garantías judiciales y a la protección de bosques nativos, entre otros temas".
Y estas acciones entre la Procuración General y la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable se cumplen acorde al fallo del organismo internacional.
Se remarcó en este sentido que "las actividades ilícitas ponen en serio peligro al bosque nativo y a diversas especies animales y vegetales; afectan gravemente al sector productivo que desarrolla su actividad forestal de acuerdo a la normativa vigente, y perjudica especialmente a las comunidades originarias y criollas cuya subsistencia depende del bosque, lo que origina múltiples problemas económicos y sociales".
Pese a los esfuerzos de conservación realizados por el Estado Provincial, tanto la tala indiscriminada como la comercialización ilegal de productos forestales continúa siendo uno de los problemas más acuciantes en materia ambiental, económica y social.
Al respecto, año tras año la organización ambientalista Greenpeace Argentina denuncia el avance de la frontera agropecuaria y la deforestación constante que, en el caso de Salta, en 2.021 dejó de ocupar el podio de las provincias del NOA donde se registra mayor deforestación. La lista es encabezada por Santiago del Estero, seguida de Chaco y Formosa.
