“La unión de inquilinos es un área dentro de una fundación que hoy responde a asesorías de inquilinos. No recibimos reclamos, pero si asesoramos sobre sus derechos, la ley de alquileres y cómo ir por las vías hoy aprobadas para poder tener un proceso y acompañamiento legal. Estas asesorías son más que nada por las subas desmedidas que aumentan cada 6 meses, o porque no quieren cumplir con los contratos. También los amenazan con que si no les gustan sus términos, se pueden ir retirando, lo que quiere decir un desalojo de manera pasiva si no acatan sus reglas”, relató. Asimismo, advirtió con indignación: “cuando queremos alquilar, nos enfrentamos a múltiples abusos y muchos requisitos que son desorbitantes, como ser la comisión inmobiliaria que hoy te pide el 140% en porcentaje del total del contrato. También nos enfrentamos a que haya discriminación a la hora de no aceptar infantes ni mascotas, y por supuesto, estemos expuestos a inseguridades, como pasó en el último tiempo en donde una mujer que buscaba alquiler terminó sufriendo de un abuso”, sostuvo.
“Necesitamos políticas públicas habitacionales”
Natalia Soraire puso el acento en otra problemática por la que atraviesan un sector importante: “es lo que sufrimos las familias monomarentales con la discriminación hacia nuestras niñeces cuando no te permiten alquilar teniendo hijos”.
También habló de la inseguridad, que es un debate que surgió a partir de múltiples relatos que viven algunas mujeres cuando van a buscar alquiler, en donde se destaca el robo, los abusos, la discriminación por cuestiones de identidad y género, “sin desconocer que muchas mujeres trans o colectivo LGBT no están en la mismas condiciones ya que prejuzgan desde su trabajo hasta si van a ocupar el alquiler con fines sexualmente laborales”, señaló Natalia Soraire.
La referente destacó la iniciativa de creación de una defensoría de Inquilinos provincial y la recepción del planteo de un cupo de 200 viviendas para familias monomarentales que no cumplen con los requisitos del IPV, ya sea porque son trabajadoras de la economía popular o porque no tienen ingresos blanqueados. “Creemos necesaria está defensoría en primera instancia para poder dar respuestas a problemáticas y que estas respuestas sean con perspectiva de género”, insistió Soraire. No obstante, resaltó por otra parte el trabajo que llevan adelante actualmente desde la Defensoría de la Municipalidad.
“Necesitamos políticas públicas habitacionales y con perspectiva de género, es lo único que pienso de quienes nos gobiernan, y si no pueden cumplir con un plan de urbanización, con un protocolo de vivienda, vamos a terminar mal ya que esto es una bomba a punto de explotar”, concluyó.
