Tras las deliberaciones acordaron la redacción y firma de la "Declaración por los derechos de la salud integral de los pueblos originarios".
El documento destaca que transcurridos dos años de declarada la emergencia socio-sanitaria -por parte del gobernador Gustavo Sáenz-, la situación que le dio origen en los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia no ha logrado ser revertida. En particular, despierta especial preocupación la situación de niñas, niños y adolescentes que enfrentan problemas actuales vinculados a la educación -especialmente en materia de acceso, calidad, interculturalidad y aquellas vinculadas a los impactos de la pandemia-, a la nutrición y a los consumos problemáticos, entre otros.
La actividad fue organizada por las comisiones directivas de Misión La Loma, con el apoyo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) -integrante del colectivo Infancia en Deuda- y la Asociación Civil Pata Pila -ejecutores del Proyecto "Llegar al Norte" cofinanciado por la Unión Europea.
Los caciques de los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia, integrantes de las etnias wichí, ava guaraní, chorote y toba, discutieron sobre la problemática de salud desde una perspectiva integral, y reclamar por una pronta reglamentación de la Ley de Salud Intercultural N° 7.856.
Hubo trabajo en comisiones, con miras a diagnosticar algunas problemáticas de contexto que impactan en el derecho a la salud, como son la situación de las niñas, niños y adolescentes, el acceso al agua y la situación territorial y productiva. También se realizó un taller jurídico sobre la Ley de Salud Intercultural, la acción de amparo presentada en pos de su cumplimiento y la medida cautelar vigente.
Finalmente, cuatro comisiones discutieron en torno al contenido deseable de la reglamentación que debe dictar el Poder Ejecutivo provincial.
Las y los líderes de las comunidades reclaman a quienes tienen la responsabilidad de estas temáticas, que asuman el papel que les toca en la implementación de aquellas medidas necesarias para terminar con la situación de vulnerabilización a la que se encuentran sometidas las comunidades, reviertan la discriminación estructural, y garanticen condiciones de igualdad y el acceso efectivo al conjunto de los derechos humanos.
