ALLANAMIENTOS

Otro detenido por estafa por maniobras con cheques electrónicos

En la mañana de ayer, fueron detenidos dos hombres en el marco de la investigación que lleva adelante la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos por denuncias de estafas con cheques electrónicos por un grupo de personas.

Allanaron viviendas. (Imagen ilustrativa)
Allanaron viviendas. (Imagen ilustrativa)

La Unidad Investigativa que lleva adelante distintas diligencias allanó en la mañana de ayer tres viviendas en el municipio de San Lorenzo, dos de ellas ubicadas en el barrio Nueva Esperanza y la tercera en Atocha.

Como resultado del operativo liderado por la fiscal Salinas Odorisio, fueron detenidos el que sería uno de los dos líderes de la banda y su hijo, los que serán imputados en la jornada de hoy martes, en tanto los otros ocho involucrados fueron imputados por estafas y asociación ilícita.

Hasta la fecha, ya fueron capturados los diez integrantes de la banda, los que estarían implicados en la estafa con cheques electrónicos, que hasta el momento asciende a más de 20.000.000 de pesos y ocasionó pérdidas a dos empresas.

Una de ellas es una compañía dedicada a la venta de elementos de seguridad industrial y cuyo propietario denunció en noviembre de 2.022 que había sido estafado por más de 5.000.000 de pesos con cheques electrónicos.

Por este hecho y tras la investigación llevada adelante, fueron detenidas dos personas y un tercero que ya se encontraba alojado en la Alcaidía por otro hecho similar.

Estafa con postítulos docentes

Cuando intentaba realizar un trámite migratorio intentando ingresar a Bolivia, fue detenida el 21 de julio Lucila del Milagro Gutiérrez, quien se encontraba prófuga de la justicia desde 2.016, siendo imputada por la Fiscalía Penal 3 por los delitos de estafa y utilización de sellos.

La investigación está relacionada a hechos registrados entre 2.013 y 2.014, cuando una importante cantidad de docentes adquirió cursos de postítulos para perfeccionamiento docente con modalidad a distancia.

Las víctimas, posteriormente, descubrieron que los mismos no eran válidos y además del perjuicio económico resultaron sancionadas por el Ministerio de Educación, que las excluyó del cuadro de orden de mérito para la cobertura de cargos interinos o suplentes.

En la causa se encuentran requeridas a juicio desde 2.020 Kobien Silvia de los Ángeles Ceferino y Sandra Beatriz Luna como coautoras.

 

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