La fiscal representa al Ministerio Público Fiscal en la audiencia debate contra tres empleados de la Municipalidad de Salta.
Ana Inés Salinas Odorisio acusa a Andrea Cecilia Palacios, Azucena del Valle Ruiz y Hernán Ochoa de los delitos de estafa y falsificación de instrumento público.
La intervención de la UDEC inició el 11 de junio de 2.020 cuando la Subsecretaria de Habilitaciones de la Municipalidad de Salta denunció que su firma había sido falsificada en un Permiso Transitorio de Habilitación, extendido el 2 de junio de 2.020, a un local de productos y artículos de limpieza sito en calle Leguizamón al 1.700.
Los investigadores de la División de Delitos Económicos descubrieron que el propietario del local había iniciado en agosto de 2.019 los trámites para habilitación de su local, siendo atendido en el Centro Cívico Municipal por Ruiz, del Área de Inspecciones y por Palacios del Área de Legajos, que es la que propiamente se ocupa de la extensión de los permisos transitorios. Abonó un total de $ 6.000, $ 3.000 por sellado y $ 3.000 por honorarios. El trámite debía continuar vía web.
En la Agencia de Recaudación de la Municipalidad de Salta (ARMSa) no existe registro de ingreso de pago de sellado a las arcas municipales correspondiente al permiso transitorio.
Al no tener novedades, el dueño del local contrató durante el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO), a un hombre (Ochoa) que se presentó como gestor, para la habilitación comercial de su local, entregando dinero para la realización del trámite. Tiempo después le entregó el Permiso Transitorio.
