La interventora de espacios públicos, Susana Pontussi, explicó a Nuevo Diario que además del veto a la ordenanza se realizó un decreto donde la intendenta Bettina Romero prorroga a “quienes cumplieron, no hicieron negocios inmobiliarios, no desvirtuaron el rubro, no tenían deudas onerosas” que son poco más de 120 hasta el 28 de febrero.
“Tuvimos reuniones desde la jefatura de gabinete con cada uno de ellos para que tengan la tranquilidad de que van a poder vender, de que estamos buscando instancias superadoras y alternativas. No tenemos definidos cual va a ser la solución porque en el diálogo con ellos lo vamos a encontrar”, aseguró.
Sobre lo expresado por uno de los referentes de los puesteros, Carlos Godoy, de buscar judicializar la situación, manifestó que el espacio público “es de todos” y debe recuperarse, por lo que no habría ningún motivo para que la justicia pueda fallar para que los puesteros se mantengan en el lugar.
Asimismo, Pontussi aseguró que, si realmente decidieran quedarse todos o irse todos, los que cumplieron no hubieran asistido a las reuniones convocadas. “Lo dijimos desde el comienzo, había que separar la paja del trigo. Había gente que con esfuerzo no hicieron negocio inmobiliario, que pagan los tributos, y a ellos la Municipalidad los buscó y les vamos a dar soluciones. A quienes han creído que la prepotencia puede servir, llegó el límite”, expresó.
Una de las propuestas que se escuchó fue el de reubicarlos en la actual terminal, pero sobre eso la funcionaria manifestó que podrían alquilar en ese lugar como realizaron los manteros al alquilar espacios en otras ferias o galerías; y tomar las herramientas municipales como capacitaciones en oficios, microcréditos y ferias barriales.
