La Cámara de Diputados aprobó en agosto pasado la propuesta de modificación de la Ley de Procedimientos Mineros. De la misma manera, fue validada por el Senado el jueves último.
La modificación del artículo 34 de la Ley 7.141 permitirá que la Secretaría analice los proyectos primero, seguido por la aprobación final del Juzgado de Minas, agilizando el proceso administrativo.
En reuniones previas con la secretaria de Minería y Energía, Romina Sassarini se evidenció que la propuesta pretende invertir el flujo actual de los proyectos, ingresando primero por la Autoridad Minera para su análisis y luego al Juzgado de Minas para la aprobación final.
Durante estas reuniones, Sassarini resaltó que la propuesta de modificación responde a la necesidad de agilizar la tramitación de los proyectos mineros en la Provincia, sin descuidar los aspectos ambientales y sociales.
La funcionaria destacó que la aprobación final seguirá siendo responsabilidad del Juzgado de Minas, garantizando la rigurosidad en la evaluación de los proyectos.
El artículo modificado regula el procedimiento para la presentación de los Informes de Impacto Ambiental y Social, y sus respectivas renovaciones bianuales, como requisito previo al otorgamiento del permiso para dar inicio a toda actividad minera que se pretenda realizar en el territorio de la provincia.
La actual prevía que para obtener el permiso correspondiente, las mineras deben presentar los informes referidos ante el Juzgado de Minas, autoridad minera concedente del permiso.
Lo que propone el ejecutivo provincial es que estos informes deban ser presentados ante la Secretaría de Minería y Energía y notifique, en su caso, las observaciones sobre los mismos; así como también emita el acto administrativo que apruebe el mismo.
De esta forma y con los cambios que se proponen de parte del ejecutivo provincial, el control de los informes de impacto ambiental dejaría de estar en manos de la justicia y quedarían concentrados en torno a los funcionarios provinciales.
En la presentación que realizó el ejecutivo a las cámaras, mencionaron un consenso con la jueza de Minas, Victoria Mossman.
“Resulta necesario dotar al trámite de otorgamiento del permiso minero, en todas sus etapas, de una mayor celeridad, con base en el principio de economía procesal, reportando ello un beneficio dual tanto para el administrado como para el Estado, permitiendo que la actividad procesal administrativa se reduzca a la menor cantidad posible de actos”, argumentó el ministerio en la presentación a los legisladores.
El proyecto ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación y destaca el consenso en la necesidad de simplificar los procesos.
