EMPRESARIOS DEL SECTOR

En el transporte interurbano analizan medidas de fuerza por falta de pagos

Representantes de las empresas de transporte de media y larga distancia de Salta mantuvieron una reunión donde evaluaron medidas de fuerza para el servicio interurbano. Reclaman faltas de pagos del gobierno provincial.

Representantes de La Veloz del Norte, Flecha Bus, Ale Hnos, Urkupiña, Fenix, El Chaqueño y San Antonio. Foto: Parte Oficial.
Representantes de La Veloz del Norte, Flecha Bus, Ale Hnos, Urkupiña, Fenix, El Chaqueño y San Antonio. Foto: Parte Oficial.

A través de un comunicado titulado "En la cuerda floja los servicios provinciales", el grupo de empresarios criticó la situación actual del transporte interurbano de pasajeros, haciendo foco en deudas de pagos de subsidios provinciales, reclamos por asimetrías con SAETA y apuntando a medidas de fuerza que afectarán el servicio. 

En el documento que emitieron desde el sector, y al que pudo acceder Nuevo Diario, afirman que han sufrido pérdidas millonarias y apuntan al gobierno provincial por propiciar la situación durante los últimos años.

Las empresas intimaron al Gobierno por lo que calificaron como un atraso tarifario del 130%, reclamando que ya presentaron estudios e informes que demuestran tal desfasaje.

Estos informes se pusieron de manifiesto en la última audiencia pública en la localidad de Molinos, donde la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) presidió el encuentro. En esa instancia, los empresarios solicitaron un incremento de las tarifas a un 130%. 

El pedido se encuentra en evaluación por la AMT quienes reconocieron un desfasaje causado por la variable inflacionaria. La Comisión de Transporte del Senado informó a Nuevo Diario, a través de su titular Walter Wayar, que iban a pedir informes sobre el aumento solicitado por el sector empresarial y solicitar intervenir en el análisis por el aumento.

Continuando en el documento, las empresas advierten que todavía no han recibido el pago total de los saldos adeudados de subsidios provinciales de los meses de mayo y junio. El titular de la AMT, Marcelo Ferraris, advirtió en mayo que había atrasos también en los giros de fondos nacionales.

Otro reclamo que sumaron desde el sector privado es la existencia  de un fuerte atraso del 23% comparado con las tarifas de SAETA. El boleto de SAETA es el boleto mínimo que rige en el servicio interurbano y actualmente se encuentra desfasado con el autorizado para operar en el sector. La tarifa mínima provincial actual para las empresas de media y larga es de $50, mientras que el servicio urbano SAETA cobra $61,50.  

La intimación al gobierno provincial continúo por el último acuerdo salarial suscripto entre el ejecutivo, la AMT y SAETA, y el gremio UTA en fecha 21 de junio. Las empresas reclaman que la asistencia que el Gobierno comprometió nunca llegó a las empresas del interior, pero si llegó a SAETA.

También sumaron reclamos por los boletos estudiantiles gratuitos, ya que afirman que el Estado Provincial sólo reconoce el 50% del costo del boleto, absorbiendo las empresas el otro 50% a pérdida. El reclamo es un ajuste del 100% de la tarifa de los boletos que hoy las empresas absorben.

Las medidas de fuerza que se analizaron advierten que afectarán la prestación del servicio cuando las clases comiencen. 

"Para contar con un marco jurídico y político que les permita planificar y proveer sus operaciones, las empresas, reclaman se determine un sistema de ajuste tarifario bimestral, que acompañe el ajuste de costos y que los subsidios y boletos estudiantiles se abonen hasta el cuarto día hábil posterior al mes de la prestación, lo cual les permitirá tener certezas de volumen y poder dar cumplimiento a los compromisos que exige la Ley de Contrato de Trabajo, los compromisos previsionales y el gremio de UTA para todos los trabajadores del transporte de la provincia, sin discriminación alguna", presentaron como propuesta desde el sector empresarial.

En concreto, las medidas que se analizan desde la mesa empresarial pueden implicar la reducción de los servicios que afectarían en principal medida a la población del interior de Salta, que utiliza diariamente los servicios. 

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