La medida se encuadra en el marco de acciones que ha tomado el Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP) para regular el uso de agua en las urbanizaciones privadas.
A lo largo de estos últimos dos años, el organismo avanzó en regulaciones para los barrios privados, motivado por la crisis hídrica que cada vez reciente más el abastecimiento del servicio de agua en la provincia.
La nueva medida obliga a que las urbanizaciones que posean "concesiones y permisos precarios de uso de agua pública deberán contar con macro-medidores instalados en las fuentes de aprovisionamiento en el plazo de noventa (90) días contados a partir de la publicación".
Con esta medida desde el Ente buscan aseverar el control sobre el uso del recurso en el inicio de etapa estival donde el servicio se ve afectado por la falta de aprovisionamiento. A la par también se deberán instalar micromedidores en las residencias de los barrios.
Actualmente los barrios privados se rigen bajo las normas del Código de Aguas y solo pagan un canon para el uso del servicio, que esta fuera del control de la empresa prestataria provincial Aguas del Norte. Esto quiere decir que las tomas que se instalan en las urbanizaciones no están reguladas en su consumo ni en los tratamientos.
Con la nueva resolución el Ente también queda facultado a ejercer sanciones sobre los barrios privados por el mal uso del recurso. Cabe destacar que en verano, se suelen aplicar normativas restrictivas para el uso de agua a raíz de las sequías.
En 2022 se creó el Registro Único de Operadores de Servicios Públicos Sanitarios (RUOSPS), donde los desarrolladores y barrios privados debían inscribirse con un período de transición de un año para que regularicen situaciones de más de 50 urbanizaciones en toda la Provincia, pero que se concentran en los departamentos de Capital y el Valle de Lerma.
El ENRESP vino trabajando en el marco de la crisis hídrica donde se detectaron abusos en la captación y uso del agua; ausencia de consorcios o personas jurídicas que se responsabilicen por los servicios que vienen prestando sin autorización y, también, se puso en evidencia la falta de pago por la prestación de estos servicios de los residentes de barrios con alto poder adquisitivo.
Pese a esas primeras acciones, recien a finales del 2023 el organismo avanzó con la normativa para obligar la instalación de estos medidores de control sobre los barrios privados.
El Ente ya tuvo una serie de acciones a lo largo del año para regular el servicio y las conexiones de los barrios privados. Una de estas fue el impedimento que las urbanizaciones puedan anexarse al sistema de cloacas estatal, advirtiendo la saturación de la Planta de Tratamiento de Liquidos Cloacales de la Ciudad de Salta, que según informes técnicos no estaba pudiendo procesar el 30% de la totalidad de los afluentes que llegaban, volcando los mismos al Río Arenales.
