A través del decreto 408, el Ejecutivo municipal vetó la Ordenanza 11125 impulsada por el concejal José García que otorgaba a los feriantes del Parque San Martín una prórroga hasta fines del 2023 para seguir ocupando el espacio público y les otorgó solo dos meses más de prórroga.
Además el Ejecutivo Municipal recordó a los concejales que tienen la potestad de “dictar ordenanzas que reglamenten las formas en que el Departamento Ejecutivo realizará la concesión de espacios públicos”, pero no tienen la autorización para otorgar dichas concesiones.
De acuerdo al parte oficial, son 123 trabajadores que podrán gozar del permiso extraordinario, puesto que cumplen las normas bajo las cuales se otorgó la autorización a través de la Ordenanza Nº 15.783.
En el Concejo Deliberante hubo posiciones encontradas entre García y Agustina Álvarez y Pablo López.
En sus fundamentos, el Ejecutivo advierte que la sanción de la Ordenanza presenta "una inconsistencia e imprecisión insalvable cuando refiere que la concesión se otorga a "los vendedores de los locales comerciales actualmente emplazados allí" puesto que el espacio público está ocupado por vendedores que tenían una concesión otorgada con anterioridad y por otros que, al no tener autorización, son considerados ocupantes ilegales.
"Conforme lo expresado, la sanción podría estar legitimando -tal vez desconociéndolo los señores concejales-, ocupaciones ilegales del espacio publico, lo cual amerita en primer lugar un examen legal sobre tales personas y recién, en una segunda instancia, analizar el modo en el que correspondería actuar respecto de tales situaciones", justifica el veto.
Agrega que sí es competencia del Concejo Deliberante dictar ordenanzas que reglamenten la forma en la que se realiza la concesión de los espacios públicos, mas bien no otorgar las mismas, lo cual es competencia exclusiva del Departamento Ejecutivo Municipal. Además remarca que con la sanción de la Ordenanza el Concejo transgredió el principio de la división de poderes.
Alega además que la normativa vetada incurre en un vicio grave al otorgar usos particularizados y diferenciados del espacio público, sin especificar quiénes son los beneficiarios de tales privilegios.
Desde el recinto, José García (Yo Participo) lamentó el veto y reconoció que muchos de los puesteros tienen deudas y están en condiciones irregulares, pero que desde la sanción de la Ordenanza a la fecha muchos han comenzado a regularizar su situación.
“En la fecha en la que hemos sancionado esta Ordenanza, no llegaban a 70 las personas que estaban al día, y hoy son 123 las que sacan la cabeza y anhelan seguir trabajando”, dijo.
Agregó que: “no sabemos qué sucederá con el parque, porque no se lo dice claro, porque no se nos dijo tampoco nunca qué va a pasar con la reubicación de esta gente que necesita seguir trabajando”.
En tanto, su par Pablo López (PRO) recordó su voto en contra en la sesión en la que se trató el proyecto y aclaró que su bloque continúa con la misma postura.
"No estamos en contra de la economía popular ni tampoco significa que no tenemos empatía" manifestó. Sostuvo que es una problemática social que debe resolverse pero aseveró que "no se puede premiar con una prórroga". Además, indicó: "mantengo mi postura y considero que el espacio público es de todos".
A su turno, la concejal Agustina Álvarez (JxC+) manifestó: "Hay una Ordenanza que establecía requisitos, prohibiciones y demás cuestiones para que un ciudadano pueda tener un puesto en el Parque San Martín.
Cuando se trató este Proyecto, pedí la vuelta a Comisión, porque creía que era necesario darle una respuesta a la gente, pero esta no era la manera, no podemos seguir con una Ordenanza que se viene prorrogando año tras año, no podemos plantear las mismas soluciones para los mismos problemas cuando éstas no funcionan, lo que nosotros deberíamos haber hecho era un trabajo más profundo".
Apuntó a que se le dieron los mismos beneficios a aquellos que cumplían y a los que no.
