Para referirse a esta cuestión, el procurador general Abel Cornejo, recibió al secretario de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Miguel Ángel Gómez; al coordinador local de la Región Centro de la misma Secretaría, Ignacio Garzarón, y a la directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias, María José Castillo. En la reunión se intercambió posiciones referidas al abordaje de conflictos con la tierra y la vivienda. Mediante la Mesa de Concertación de la Tierra y Emergencia Habitacional, la Secretaría nacional proyecta articular con distintos organismos llevar adelante políticas públicas en los territorios. “No solo pensamos en la tierra y en la permanencia de sus habitantes, sino en el acceso y el desarrollo de nuevas urbanizaciones, con viviendas, infraestructura y energía”, explicó Castillo, quien destacó la posibilidad que abre la Mesa, de “generar una sinergia, para identificar problemáticas y abordarlas entre Nación, Provincia y Municipios”. Los funcionarios insistieron en reforzar la política de arraigo, la elaboración de un Protocolo de actuación frente a ocupaciones de inmuebles por grupos en situación de vulnerabilidad y la necesaria capacitación de efectores del Ministerio Público Fiscal sobre normativas de ocupación de la tierra y los desalojos.
“La intención es generar un abordaje integral y coordinado, a partir de la participación de todos los organismos e instituciones con pertinencia en la resolución de conflictos de tierra para contar con un marco institucional y generar un Protocolo de actuación”, analizó Castillo.
Están vigentes la Ley 26.160 (que declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas); suspende la ejecución de sentencias, actos procesales cuyo objeto sea el desalojo de las tierras y ordena realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las Comunidades Indígenas), y la Ley 27.118 (que declara de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo).
Sumadas las leyes de la provincia en la materia.
