Nancy Jaime, diputada provincial, expresó ante Nuevo Diario: “No tenemos ninguna respuesta de parte de Corredores Viales con todas las presentaciones que se han hecho y se ha judicializado también. En el caso mío, he hecho la presentación de una carta documento a Vialidad Nacional, que es el organismo quien ha hecho el contrato y el convenio con esta Sociedad Anónima Se ha comunicado un abogado la semana pasada para manifestarme que me iban a mandar al correo electrónico una respuesta porque tienen toda la intención de arreglar la ruta. Yo le dije que como yo lo había hecho a través del correo argentino con una carta documento, deberían hacerlo de la misma manera”.
Sin embargo, hasta el momento la legisladora no recibió ninguna respuesta formal a la intimación realizada. Por el contrario, la ruta continúa en el mismo pésimo estado, pero el peaje fue aumentado de $300 a $900,
“Hemos hecho también el reclamo y la presentación de un proyecto dentro de lo que es la Cámara de Diputados y lo hemos unificado con un proyecto que ha presentado el diputado (Germán) Rallé porque es el mismo corredor vial que tiene que hacer el mantenimiento de la ruta a Güemes -Torzalito que está en pésimo estado. No lo está haciendo, no está cumpliendo con el contrato y el convenio que se ha firmado el 30 de enero del 2020”, remarcó Jaime.
Asimismo, indicó que desde la oposición dentro de la Cámara de Diputados dijeron que la provincia debería afrontar el mantenimiento, pero la ruta es nacional por lo tanto jurisdicción de la Dirección de Vialidad Nacional, quienes además reciben el cobro del peaje.
“Caso contrario que todo lo que se cobre en ese peaje lo destinen a Vialidad de la provincia de Salta para que el gobernador se pueda hacer cargo del arreglo de esa ruta, pero creo que no es la manera de hoy querer arreglar las cosas cuando sabemos perfectamente que a partir del 10 de diciembre que ha asumido Javier Milei ha tomado como política de Estado no hacer ninguna obra pública ni concluir ninguna obra pública que ya se había iniciado”, sostuvo.
Corredores Viales S.A. es una de las empresas estatales que se encuentra dentro del listado de empresas a privatizar en la Ley Bases. Sobre ello, Jaime consideró que afectará directamente a todos los usuarios de las rutas a su cargo.
“Se imagina un privado que se puede dar a la quiebra y decir bueno, no tengo dinero, no puedo seguir manteniendo la ruta y directamente no va a hacer nada, ese es el temor de nosotros”, sostuvo.
