En diálogo con el periodista Héctor Alí (Pacífico FM), Daniel Burgos, referente del citado frente, informó sobre la asamblea que se realizará este domingo en la localidad de Los Blancos para abordar este tema.
"La situación es crítica en la zona: no queda agua en las cañadas, reclamamos por obras y nunca tuvimos respuestas ni acercamiento al Estado. La discriminación es para que el campesino abandone su tierra, no está fomentando el arraigo como dice la Ley 7.078 que debería garantizar eso en las familias campesinas", relató.
Asimismo recordó que después de haber transcurrido dos años de la prórroga de la Ley 7.078 que suspende los desalojos en las tierras que posee ocupantes ancestrales, y que se cae a fin de año, "no tuvimos nada de asistencia del Estado sobre este tema: con un par de bolsas de soja no solucionamos nada, aspiramos a algo diferente para el resto de nuestras vidas porque la mayoría somos mayores y aspiramos a tener una buena pastura, un buen pozo de agua apta para el consumo, nuestro y riesgo", sostuvo.
Burgos analizó que: "Más allá de lo que provee la naturaleza, el Estado debería proveer con varios pozos de agua, y así lo planteamos en el petitorio que presentamos hace tiempo al ministro Martín de los Ríos, pedíamos que se hagan obras de agua. Lo que tenemos actualmente es lo que denominamos pozo somero, que hicimos con nuestros recursos. Hoy hacer un pozo de agua está arriba de los 700 mil pesos, y pensar en la distribución del agua implica pensar en 1 millón y medio por lo menos". Son 20 a 22 metros de profundidad, aunque advirtió que el agua es salitrosa y no resulta apta para riego ni para consumo humano.
Los campesinos de la zona son ganaderos y agricultores, pero señalaron la dificultad manifiesta desde hace más de una década, tras los desmontes en la zona: "con los desmontes, las cosas ya no fueron las mismas, y en pleno invierno tuvimos temperaturas de hasta cerca de 50 grados, y es de imaginarse lo que viene en verano". Se trata de todo el chaco salteño, y 1.700 familias o más que aguardan a la prórroga de esta ley que les permita continuar en sus territorios, Rivadavia, Santa Victoria, San Martín.
"Son los hoy titulares registrales los que nos acechan por estas tierras y que no reconocen al campesino como poseedor ancestral. Para el caso de mi familia, tenemos cómo comprobarlo desde el año 1.930. Hay familias alrededor que viven hace más de dos siglos. El estado debió regularizar esa situación dominial antes de enajenar esas tierras, y ahora tenemos cuatro titulares registrales, pero cambian periódicamente, y aparecen cada vez más. Es un pasamanos y uno termina sospechando que ya no son titulares registrales, sino testaferros de éstos. Tenemos en esta zona nomás a titulares registrales como Juan Carlos Romero, Mauricio Macri y otros", prosiguió el referente de campesinos”.
"Aspiramos a que se prorrogue la ley, sabemos que hay senadores que pidieron por tres años, pero nosotros queremos 4 años más porque vemos que nadie hizo nada, solo conversaciones y nada de recursos para hacer las mensuras y escrituras de las tierras.
Nosotros también aspiramos a que la ley permita que el gobierno ponga los fondos para hacer las mensuras y las escrituras de nuestras tierras. Nos preocupa más que nuestra producción, porque si nos corren de nuestras tierras, ¿qué hacemos?, vamos a vivir a un pueblo en la total pobreza porque no sabemos hacer otra cosa más que producir esto", finalizó.
Nuevas reuniones en Morillo
Miembros de la Unidad Ejecutora Provincial de la Ley 7658: “Programa de Regularización Dominial y Asistencia para Pequeños Productores Agropecuarios y Familias Rurales” mantuvieron dos nuevas reuniones en Morillo y Pluma de Pato.
La secretaria de Desarrollo Agropecuario, Milagros Patrón Costas, y el subsecretario de Desarrollo Productivo, Pablo Fernández Savoy, informaron a representantes de la Mesa de Organizaciones Territoriales Ruta 81, y de la Mesa de Organizaciones Campesinas Criollas del Chaco Salteño acerca de las metas cumplidas y los objetivos a corto, mediano y largo plazo en la aplicación de la Ley 7.658. Las autoridades explicaron que la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) logró un acuerdo en tierras fiscales en el Lote 16 y otro en el Lote 21 por unas 6 mil hectáreas, donde familias criollas y la Comunidad Siwok de la etnia wichi están en camino a ser titulares registrales. Este acuerdo ya está protocolizado e inscripto en la Dirección de Inmuebles.
