La senadora nacional Nora Giménez expresó a través de un proyecto de declaración su preocupación por los escasos avances que registra el Relevamiento Territorial de las Comunidades Indígenas dispuesto en la ley nacional 26.160, y sus respetivas prórrogas. Esa norma, aprobada durante el gobierno de Néstor Kirchner, marcó un hito en el reconocimiento y la protección de los derechos de las comunidades originarias en nuestro país; ya que no sólo ratificó la preexistencia étnica y cultural de esos pueblos prevista en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, sino que además marcó el camino para la regularización de la posesión y la propiedad comunitaria de las tierras que ocupan. Es que la ley estableció la suspensión de los desalojos de las tierras que ocupan mientras se lleva adelante el relevamiento.
Desde su aprobación la ley fue prorrogada en varias oportunidades, debido a que el organismo a cargo del relevamiento -el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)- no logró completar el relevamiento a lo largo de todo el territorio nacional. En algunos casos fue determinante para ello la oposición de los gobiernos provinciales, ya que mientras en algunas provincias ya se relevaron el 100% de las comunidades, en otras no se logró identificar a ninguna. En la mayoría de los casos, sin embargo, el mayor inconveniente es la falta de presupuesto del INAI para la ejecución de la tarea encomendada. A partir de una iniciativa de la senadora Nora Giménez, el Poder Ejecutivo dictó el DNU 905/21 en el que dispuso una nueva prórroga de la ley, la que está vigente hasta noviembre de 2025.
Finalmente, pidió al Poder Ejecutivo la asignación de los recursos necesarios para la concreción del relevamiento territorial previsto en la ley y advirtió sobre la urgencia de abordar este desafío y trabajar en conjunto para garantizar la protección de los derechos territoriales y culturales de las comunidades indígenas de todo el país.
Propiedad comunitaria
“En los últimos meses, y envalentonados con los resultados de las recientes elecciones PASO, sectores de la oposición política volvieron a embestir contra la ley 26.160 buscando equiparar los derechos territoriales de las comunidades originarias reconocidos en la Constitución Nacional con el narcotráfico, y hasta propusieron la represión como única solución”. Frente a ese ataque, la senadora Giménez señaló que “es indispensable recordar que vivimos en un Estado de Derecho, y que las comunidades merecen que su derecho a la propiedad comunitaria sea respetado plenamente”. Recordó además que el pedido de los legisladores de La Libertad Avanza fue repudiado por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) y la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (CEPA), entre otras numerosas instituciones.
A partir de ello la legisladora pidió al INAI agilizar al máximo la ejecución del relevamiento territorial.
