Esos serán los alcances del decreto reglamentario de la Ley 7658 que establece la regularización dominial de las tierras que ocupan familias campesinas, según la exposición que dieron ayer Javier Montero, y Luis Gómez Almaras, ministros de Ambiente y de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitari, respectivamente.
Los funcionarios presentaron un borrador de esta reglamentación y elevaron como punto principal la necesidad de contar con un relevamiento de los pequeños productores con conflictos más avanzados a nivel judicial.
El relevamiento detallará cuál es la situación de las tierras: si son fiscales o privadas.; y de los campesinos: si son poseedores o incluso titulares registrales, si hay o no una situación judicializada y cuáles son las necesidades de la familia para poder desarrollarse.
Para ello se contará con una ficha técnica que, indicaron, fue consensuada con asociaciones de pequeños productores. Gómez Alamaras sostuvo que se espera que este relevamiento pueda estar en los próximos tres meses.
Dependiendo del grado de conflictividad de cada caso es que se actuará más inmediatamente o no. Más allá de la confección del registro, el titular de Asuntos Indígenas indicó que un pequeño productor se encuentre dentro del registro no implica que tenga reconocimiento de los derechos sobre la tierra que ocupa.
En este punto, el ministro respondió las afirmaciones del diputado Carlos Zapata (Salta Somos Todos), quien criticó a sus pares tras la aprobación de la prórroga del artículo 9 de la Ley que suspende los desalojos de los campesinos.
Además de no asistir a la sesión, Zapata indicó que con la prórroga de este artículo se avasallaba la potestad de los jueces. “A quien dice que hay una superposición de poderes hay que decirle que no es así. Es el juez el que determina si el pequeño productor cumple con los requisitos posesorios”, afirmó el funcionario.
La senadora por la Capital, Gabriela Cerrano (PO) solicitó saber qué podría pasar con aquellas familias cuya sentencia de desalojo está siendo frenada solamente por la existencia del artículo 9 de la Ley 7658. “Cuando se tenga el asesoramiento para ajustarlo a la Justicia (a cada caso), no podemos decir luego que la respuesta judicial pueda ser arbitraria o no”, dijo Montero.
