La propuesta del senador por Salta Sergio Leavy prevé sanciones para los funcionarios públicos, ciudadanos y medios de difusión y capacitación en derechos humanos dentro del Estado. La iniciativa nace de las repetidas acciones públicas que niegan o cuestionan las desapariciones, muertes y torturas producidas durante la última dictadura militar.
El proyecto fue impulsado por Leavy y acompañada por Lucía Corpacci, Inés Pilatti Vergara, Nora Giménez (también de Salta), Cristina López, Silvina García Larraburu, José Neder, Carlos Parrilli, Silvia Sapag, Gerardo Montenegro, Teresa González y Fernando Rejal; remarcando que a nivel internacional hay legislaciones de este tipo.
El Marco Regulatorio de Protección contra el Negacionismo propuesto incorpora al Código Penal “penas de prisión de un mes a un año e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el término de cinco años, al funcionario público que realice toda acción u omisión que suponga exteriorizar por cualquier medio, declaraciones públicas tendientes a reivindicar, justificar, negar, relativizar los delitos cometidos por hechos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y actos de terrorismo de Estado realizados durante la última dictadura argentina”.
En cuanto a la difusión de estos mensajes se enfoca en los particulares y en los medios de comunicación, estipulando “prisión de un mes a un año y multa a quien difunda y/o reproduzca por cualquier medio las expresiones” en este sentido y estableciendo sanciones por parte de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), “a las empresas de medios audiovisuales, de radiodifusión, gráficos, Internet, u otros, que difundan o reproduzca expresiones tendientes a reivindicar, justificar, negar, relativizar los delitos cometidos por hechos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, y actos de terrorismo de Estado durante la última dictadura argentina”.
La norma también establece capacitaciones obligatorias en la temática de Derechos Humanos para todos lo que se desempeñen laboralmente en los poderes y organismos del Estado.
“Los recientes comentarios públicos que ponen en duda la existencia del plan sistemático de desaparición, tortura, muerte y apropiación de bebés por parte de la última dictadura cívico militar, no son novedosos, pero -por respeto a las víctimas y a la imagen de Argentina en torno a la defensa de los Derechos Humanos - consideramos que es fundamental adaptar nuestra legislación al estándar internacional en esta materia”, manifestó Leavy sobre el proyecto.
Asimismo, sostuvo: “Es insostenible que a pesar de la cicatriz imborrable que dejó esta etapa oscura de la historia en la sociedad, casi cinco décadas después, el negacionismo persiste, desafiando la memoria colectiva y amenazando la justicia y la reconciliación. Es algo que no nos podemos permitir, mucho menos desde el ámbito público”.
