“Según indican reiteradas notas periodísticas de medios nacionales y provinciales que se adjuntan para su investigación, en el desempeño de sus funciones como diputado nacional, el Sr. Zapata estaría vinculado a empresas cigarreras a quienes respondería desprotegiendo intereses del Estado, labores funcionales y obligacionales propias y apartándose del principio de imparcialidad”, expresa en su denuncia Cornejo.
Además, el Senador detalló que esto surge de una editorial del Diario La Nación que firma el periodista Carlos Pagni, donde se señaló a Zapata, Cristían Ritondo y a Diego Santilli como legisladores nacionales que operaban a favor de un grupo de empresas del sector que se oponían a las modificaciones que impulsaba el gobierno nacional, que proponía, a los fines de buscar una solución y obtener una norma impositiva aplicable a todas las cigarreras por igual, eliminar el valor mínimo del impuesto interno, y elevar del 70 al 73% la alícuota del impuesto interno. De esa forma, el tratamiento impositivo sería igual para todas las cigarreras y permitiría la competencia en un plano de igualdad fiscal.
Arancelamiento de la atención sanitaria a extranjeros
Este jueves se aprobó con dictamen de tres comisiones el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 129/24, por el cual se establece el arancelamiento para el acceso a la atención sanitaria en el sistema de salud público provincial a los extranjeros que lo requieran.
Pedido para que se revisen las políticas tarifarias de Gas y Energía Eléctrica
El pedido lo realizan los Senadores Sergio Saldaño, Jorge Soto, Diego Cari, Carlos López, Héctor Calabró, Alejandra Navarro, Leopoldo Salva, Enrique Cornejo, Walter Abán, Walter Cruz, Dani Nolasco, Sonia Magno, Gonzalo Caro, Esteban D´Andrea, Luis Altamirano y Javier Mónico, el cual vería con agrado que los Legisladores Nacionales por Salta realicen las gestiones necesarias ante el Poder Ejecutivo Nacional para que disponga las medidas necesarias tendientes a revisar las políticas tarifarias de los servicios de gas y energía eléctrica en consonancia con la situación de crisis social y económica de los usuarios de la Provincia.
Aprobaron el cobro del servicio de defensoría oficial
Con dictamen de la Comisión de Legislación General, Del Trabajo y Régimen Previsional, se aprobó en definitiva el Proyecto de Ley en revisión por el cual modifica el artículo 51 de la Ley 7328 “Ley Orgánica del Ministerio Público”.
El citado artículo establece entre sus modificaciones que “sea asistido por un Defensor Público Oficial; deberá solventar la defensa si cuenta con los medios suficientes para ello. El procedimiento para verificar el estado patrimonial y familiar del imputado, así como las pautas para la determinación de carencia, serán reglamentadas por el Ministerio Público.
Para el caso que hubiera querellante particular, de resultar vencido en costas, se regularán honorarios por la actuación de un Defensor Público Oficial en defensa del imputado.” La propuesta establece que -al igual que lo que ya sucede en procesos civiles, comerciales y laborales- en los procesos penales en que actúan los Defensores Públicos, el Juzgado o Tribunal interviniente deberá regular los honorarios devengados por su actuación, de conformidad con la ley de aranceles vigentes para abogados y procuradores.
