La desición fue mayoritaría, tuvo un solo voto en contra y fue del PO, y se tomó luego de varias postergaciones y rechazos a su tratamiento. Argumentó que a lo largo de la historia los interventores no resolvieron ningún problema.
Claudio del Plá remarcó que "el pueblo debería tener el derecho de revocatoria para cambiar a los dirigentes si no cumplen con lo prometido. El que votó, debe tener derecho a destituir", sostuvo.
Enrique Prado está acusado de haber facilitado el robo de caños del gasoducto del NEA valuados varios en millones de dólares y por la cual avanza una causa en la Justicia Federal.
Su autor, el legislador Ramón Villa (FdT), recordó que el pedido de intervención al municipio fue realizado en marzo, incluso antes del inicio de las sesiones ordinarias.
Socorro Villamayor, del bloque "Salta Tiene Futuro", desmintió que el oficialismo haya trabado el tratamiento de la intervención y destacó que Prado “entró en una suerte de mala costumbre” con una serie de inconductas, como la contratación de asesores legales con dinero del municipio.