Carrique indicó, en diálogo con Nuevo Diario, que tanto desde el Ministerio de Salud como desde la cartera de la cual es titular ven con preocupación el proyecto, que ya tiene media sanción. El principal fundamento – señaló – es que ya existen Consejerías Integrales de Salud desde hace más de diez años en la salud pública, que “plantean una visión justamente integral en relación a todos los derechos que amparan a las mujeres y hacen un aporte amplio en cuanto a la salud sexual y reproductiva”.
Además, la funcionaria remarcó que la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la Ley de los 1000 días determina que lo que manda es la voluntad de la mujer en cuanto a continuar o no con un embarazo.
“Nuestras consejerías indican que posibilidad tienen y a partir de la elección de las mujeres, el sistema de salud luego sigue distintos caminos de acuerdo a esa voluntad. Consideramos que el proyecto está hecho desde el más absoluto desconocimiento de lo que la provincia ya tiene, de lo que el sistema de salud ya tiene y que no son necesarias estas consejerías”, sostuvo.
Carrique expresó que el proyecto plantea de una manera “no inocente” la inclusión de organizaciones de la sociedad civil, que buscan trabajar con mujeres que deseen continuar el embarazo. “Esas consejerías podrían recibir a mujeres que no tienen la intención de continuar el embarazo y pueden ir en contra de un derecho intentando convencerlas de que den marcha atrás, obstaculizando el acceso al derecho”, aseguró.
La reunión que mantuvieron el pasado martes, propiciada por el Ministerio de Salud y la Secretaría de Mujeres, fue con senadores entre ellos Manuel Pailler, presidente de la Comisión de Salud, la que estaría más involucrada en el proyecto.
“Tuvimos un excelente recibimiento y destacamos eso, destacamos la convocatoria para aportar nuestra visión sobre algo que tiene un alto impacto en las mujeres y personas gestantes, fue un gran recibimiento, tomaron nota de todo lo que planteamos, Cuando ingrese el proyecto, seguramente volverán a convocarnos y según lo que ellos mismos establecieron nos pedirán la información respiratoria de todo lo que se expuso ahí, sobre todo de la subsecretaría de medicina social”, informó.
Además de ello, Carrique hizo hincapié en la peligrosidad de que el proyecto se convierta en ley también en base a la idoneidad de los profesionales que puedan participar de las Consejerías Integrales, sumado a que el proyecto permite generar registros, relacionados directamente a la salud pública, en estas organizaciones tercerizadas.
El proyecto ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, pero aún no fue girado a la Cámara de Senadores.
