El juicio civil contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump y de dos de sus hijos, acusados de haber inflado durante años el valor de sus activos inmobiliarios, se abre este lunes en Nueva York y promete una maratón judicial que pone en jaque al imperio económico del favorito de los republicanos en la elección presidencial de 2024.
Trump dijo el domingo que planea comparecer al inicio del juicio: "Voy a la corte mañana en la mañana para luchar por mi nombre y mi reputación", escribió en su plataforma Truth Social el exmandatario. "Todo este caso es una farsa!!!", añadió, citado por la agencia de noticias AFP.
El expresidente de 77 años y sus abogados dieron a entender que podría asistir al menos a los dos primeros días de juicio en la Corte Suprema de Nueva York.
Si bien no puede ser condenado a prisión por esta acusación, este juicio será un anticipo de una serie de casos legales que podrían perturbar su campaña por la nominación republicana para las presidenciales.
El multimillonario está inculpado penalmente en cuatro casos diferentes, que por el momento no han repercutido en su popularidad entre las bases republicanas.
Está previsto que comparezca ante un tribunal federal de Washington el 4 de marzo para responder de las acusaciones de haber intentado desde la Casa Blanca revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, que ganó Joe Biden.
A continuación, volverá a sentarse en un banquillo en Nueva York por fraude contable, y después en Florida por su negligente manejo de documentos confidenciales tras dejar la presidencia.
Un duro golpe
El juicio que comienza este lunes adquirió de repente una importancia considerable la semana pasada cuando el juez Arthur Engoron, que lo preside, dictaminó que se había demostrado la existencia de "fraude continuado" y que la fiscalía general del Estado de Nueva York ya había demostrado que Donald Trump y los directivos de su grupo habían "sobrevalorado" su patrimonio entre 812 millones y 2.200 millones de dólares de 2014 y 2021.
En consecuencia, el juez ordenó la revocación de los permisos comerciales en el estado de Nueva York de Donald Trump y de dos de sus hijos, Eric y Donald Jr, vicepresidentes ejecutivos de la Organización Trump, así como la confiscación de las empresas objeto de la demanda, que se confiarán a liquidadores.
De aplicarse, estas sanciones supondrían "un duro golpe para la capacidad de Donald Trump de hacer negocios en el estado de Nueva York", según Will Thomas, profesor de derecho mercantil en la Universidad de Michigan.
Trump, que amasó su fortuna en el sector inmobiliario y los casinos en los años 80 y prometió dirigir Estados Unidos como sus empresas, perdería entonces el control de varios de los edificios emblemáticos de su grupo, como la Trump Tower, en la 5ª Avenida de Manhattan.
Estas propiedades están en el centro de las acusaciones de la fiscal Letitia James: la superficie del apartamento del empresario en la Torre Trump se triplicó y el edificio del número 40 de Wall Street se sobrevaloró entre 200 y 300 millones de dólares en los estados financieros.
La lujosa residencia Mar-a-Lago de la Organización Trump en Florida y varios campos de golf también aparecen en el dosier. La fiscal también solicita el reconocimiento de otras infracciones a la legislación financiera y una multa de 250 millones de dólares.
Trump siempre rechazó las acusaciones y ataca insistentemente a la fiscal James, una demócrata afroamericana a la que ha calificado de "racista", y contra el juez Engoron, al que califica de "trastornado".
En su plataforma Truth Social, ha defendido que los bancos prestamistas han sido reembolsados "en su totalidad, con intereses, sin impagos y sin víctimas". La defensa también pretende luchar con uñas y dientes sobre la valoración de los activos.
Fuente: Télam
