Ahora, el Tribunal deberá fijar fecha para que tome lugar la audiencia de debate. La comunicación salió desde la sala que encabeza la jueza Mónica Mudski el pasado 25 de julio, y se corrió cedula de notificación a las defensas y a la querella encabezada por el letrado John Grover Dorado.
El requerimiento de juicio viene de parte del fiscal penal Pablo Rodrigo Paz.
En su fundamentación del pedido de elevación a juicio, Paz argumenta que los implicados tuvieron un común denominador y es que han infringido las normas del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Salta.
Se explicó que Gustavo Adolfo Rodríguez, José Erasmo Pistán, Pablo Brandan Valy, Laura García Leonarduzzi, Carlos Marcelo Cesano y Raúl Kalinsky "deliberadamente inobservaron la normativa de urbanización y planeamiento municipal, no en el marco de una mera omisión material, sino en orden a un interés particular".
La causa
Los ex funcionarios están imputados en la causa penal abierta por las construcciones ilegales de edificios de altura, sin tener las habilitaciones de impacto ambiental y por detectarse serias irregularidades en materia de cumplimiento de norma sismoresistentes en numerosas edificaciones.
El caso de Raúl Kalinksy
En el caso de Kalinsky, el fiscal señala la responsabilidad penal del ex funcionario en relación a los edificios construidos con irregularidades sito en Deán Funes 521, Alsina 171, España 935, Vicente López 635, Caseros 1850/España 1845, General Güemes 420, Deán Funes 520 y Vicente López 326. Sostienen que cuando el ex funcionario era el titular de la Secretaría de Planificación y Desarrollo de la Municipalidad ordenó la visación de los proyectos de obra que permitieron el avance de las edificaciones La causa data de 2.005, contiene siete promociones penales y por la misma fueron imputados cerca de 20 ex funcionarios municipales, siendo materia de investigación alrededor de 300 expedientes de obras de construcciones irregulares.
En 2.021, la misma jueza Mudski informó los sobreseimientos, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público de Guido Giacosa, Oscar Alberto Redondo Torino, José Luis García, Claudia Lamas, Juan Gómez Augier, Rafael Álvarez, Andrés Flandoffer Nallar, Víctor Marcelo Amado, Laura Lanfrasconi de Souberan y Cristina Mariani.
Carencia de certificados para aprobar las obras
Por el lado de Gustavo Rodríguez, se lo acusa que en su rol de Director de Obras Públicas aprobó los expedientes correspondientes de al menos 14 obras entre las que se encuentran Deán Funes 521, Puerreydón 1043, Ameghino 242, Córdoba 245, Almirante Brown 594, Leguizamón 283, Santa Fé 550. Sarmiento 499, Caseros 276, Caseros 1850, Virrey Toledo 863, Santa Fe 159, General Güemes 420 y Deán Funes 585. Estas edificaciones carecían de certificados como el de Aptitud Ambiental y de Factibilidad de Servicios, vital para poder aprobar las obras.
Por Pistan, se lo acusa de haber incurrido en el delito al haber aprobado el inicio de obras de edificios que carecían de documentación, desde su lugar como director de Obras Particulares de la comuna.
Estos edificios son los ubicados en Ameghino 550, Corrientes y Pellegrini, Puerreydón 956, Avenida Belgrano y 25 de mayo, Adolfo Güemes 82 y Puerreydón 1.457.
En el caso de Pablo Brandan Valy, quien se desempeña actualmente como vicepresidente de la CoPAUPS (Comisión de Preservación Arquitectónico Urbanístico), será juzgado por su intervención en la aprobación de los proyectos con falta de documentación, de los edificios ubicados en Santiago del Estero 553 y Santa Fe 60.
Valy se desempeñó también como Director de Obras Particulares.
En la imputación de García Leonarduzzi se la acusa de haber aprobado la obra del inmueble ubicado en Alvarado 1474 sin presentación previa del Certificado de Factibilidad de Servicios, de Impacto Ambiental y de Uso Conforme, al ser un edificio dedicado al comercio.
