La decisión judicial se corresponde con lo solicitado por la Defensoría Pública de Víctimas y la Fiscalía de Ejecución y Sentencia durante una audiencia celebrada el lunes pasado. La defensa del condenado intentó retener el beneficio, pero los argumentos expuestos fueron ampliamente rebatidos.
Soria Villalba fue condenado a 9 años de prisión el 19 de mayo del año pasado por el mismo TOF 2 a instancia de la acusación sostenida por el fiscal general Eduardo José Villalba. También fue condenada su pareja, María Ester Arroyo, quien recibió 8 años y 2 meses de prisión. En ambos casos, las penas fueron impuestas en calidad de coautores del delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravada por intimidación, por la vulnerabilidad de las víctimas, por haberse consumado la explotación y por ser los imputados ministros de un culto religioso, y por las lesiones leves perpetradas a dos víctimas.
“Que cumpla en la cárcel”
Al momento de acompañar el pedido de revocatoria, instado por el defensor público de víctimas Nicolás Escandar, el fiscal Amad repasó el legajo de Soria Villalba desde que fue detenido, el 20 de febrero de 2022, tras estar en calidad de prófugo de manera posterior a la formalización de la investigación penal. Su permanencia en la cárcel, sin embargo, se extendió hasta el 31 de mayo del 2023, cuando le fue concedido el arresto domiciliario por razones de salud, situación que logró extender con pedidos de estudios médicos pendientes, tal como “pretende hacerlo ahora con un turno fijado para el 29 de este mes”, sostuvo el fiscal. El representante del MPF exigió el inmediato alojamiento del acusado en la unidad carcelaria federal. “Que vaya a la cárcel y cumpla ahí su pena, no en la casa”, requirió. A la vez, resaltó el derecho de igualdad ante la ley, desechó las razones de salud aludidas por su defensa y afirmó que, en este caso, “no hay excepcionalidad para autorizar la violación de la igualdad”.
“Pae” y “Mae” captaban y luego explotaban
El caso, considerado emblemático en materia de trata de personas con fines de explotación sexual en Salta, se inició en febrero de 2021 a raíz de una denuncia que sindicaba a los acusados en el rol de “Pae” y “Mae” dentro del culto Umbanda y Kimbanda, cuyas actividades religiosas estaban dirigidas a venerar a San La Muerte en un santuario ubicado a pocas cuadras del casco céntrico.
Según se acreditó en el juicio, desde sus posiciones de líderes espirituales, la pareja captaba a personas en estado de vulnerabilidad, a quienes le prometían bendiciones y ascensos dentro del culto a cambio de que aporten determinadas sumas de dinero, prostituirse y entregarles entre el 40 y el 70 por ciento de las ganancias.
En el caso de una de las víctimas, se apropiaron de su vehículo. Proyectaron y lograron comprar el inmueble del templo con el dinero que ellas les proveyeron. Para sus cometidos, la pareja tenía a las víctimas bajo vigilancia constante e, incluso, promovieron que una de ellas fuera explotada sexualmente en provincias vecinas y en Bolivia.
Mediante distintos ritos, las víctimas eran sometidas a castigos corporales y psicológicos cuando no cumplían con las demandas, o bien, las relegaban en la carrera eclesiástica, maniobras intimidatorias consideradas aberrantes por su efecto traumático.
Además de los aspectos fácticos y jurídicos, el caso también cobró relevancia por la reparación integral de $12.357.632 dispuesta para una de las víctimas, mientras que a otra se le devolvió una importante cantidad de dólares incautados en el templo, que fue embargado.
Previo a la revocatoria de la domiciliaria de Soria, el 9 de enero de este año la fiscalía había logrado la misma medida para Arroyo, quien gozaba de la prisión domiciliaria bajo el argumento de que debía cuidar a su pareja, ya que padecía un severo estado de salud por una operación de vejiga pendiente, aspecto que fue rebatido por el fiscal Amad con fallos favorables, en las dos salas del tribunal de revisión.
