Pedro García Castiella, junto a la fiscal Penal Juvenil Nº 1, Nadia Lorena Cruz, y el secretario relator, Aldo Rubén Saravia, se reunieron con miembros de la Comisión con el objeto de analizar el proyecto de Ley que modifica parcialmente el “Régimen de Responsabilidad Penal para Niñas, Niños y Adolescentes” (Ley 8.097), cuya entrada en vigencia viene siendo prorrogada sucesivamente.
En el encuentro, el Procurador expuso la visión desde el Ministerio Público Fiscal sobre el proyecto que se encuentra en tratamiento, resaltando la importancia de avanzar con la implementación de la Ley 8.097, que establece principalmente un modelo procesal acusatorio para el abordaje de los delitos que puedan haber sido cometidos por jóvenes menores de edad, como así también prevé una serie de derechos y garantías que brindan un tratamiento diferenciado y especializado de esos casos.
El MPF asumirá la carga de la investigación
García Castiella destacó que la transición a dicho modelo procesal implica que el Ministerio Público Fiscal asuma la carga de la investigación de los hechos -que hasta el momento, viene siendo ejecutada por los Juzgados de Menores y bajo modalidad procesal mixta-, para lo cual resulta absolutamente indispensable que se dote de mayor estructura al M.P.F.S., para poder afrontar ese enorme desafío. Por esta razón, evaluó como positiva y saludable la instauración de los cargos propuestos en el proyecto mencionado, al mismo tiempo que se respaldó la sugerencia de la Cámara de Senadores de condicionar la implementación de la Ley al pleno establecimiento en sus funciones de los Fiscales, Defensores y Asesores de Incapaces previstos en el Distrito Centro en una fase inicial, y posteriormente en toda la provincia.
El Procurador expresó su preocupación en relación al proceso que se podría establecer en casos donde menores inimputables cometan delitos de extrema gravedad. Señaló que el Estado no debiera limitarse únicamente a emitir un sobreseimiento por inimputabilidad, sino que requiere estar en condiciones de proporcionar una respuesta más cuidadosa y adecuada en estas circunstancias. No sería apropiado que el Estado se desentendiera de la situación, ya que le incumbe garantizar tanto el respeto por los derechos y garantías del joven que cometió el delito, así como también abordar adecuadamente sus problemas subyacentes. Correspondiéndole, además, atender a los efectos mismos del delito y a la posible alarma social que eventualmente provoque.
