El Ejecutivo Municipal realizó en 2020, una transferencia a las cuentas bancarias personales de los tres ediles sin justificación. Además, en septiembre de 2020, los concejales percibieron dos sueldos, uno del Ejecutivo Municipal y otro del Concejo Deliberante.
Además, solicitó el sobreseimiento parcial de Wayar respecto del delito de retención indebida e incumplimiento a los deberes de funcionario público, en dos hechos.
Las actuaciones de la Unidad de Delitos Económicos Complejos iniciaron luego de que el presidente del Concejo Deliberante, Horacio Santiago Huerga, denunciara al intendente en la Fiscalía Penal de Cerrillos.
Las causas fueron derivadas a la UDEC, en donde se realizó una investigación, estableciendo que la Municipalidad de La Merced efectuó el 3 de septiembre de 2020 una transferencia por $171.243, mediante la utilización del Convenio de Acreditación Salarial N° 10.330, que se acreditó en partes iguales de 57.081,00, en las cuentas bancarias personales de Gutiérrez, Coreico y Pastrana, sin existir justificación suficiente para efectuarla, sustrayendo con su accionar caudales de la Municipalidad cuya administración y custodia estaban a cargo de Wayar en función de su calidad como Intendente de La Merced.
A través del entrecruzamiento de datos, los investigadores de la UDEC corroboraron que, en septiembre de 2020, los concejales Coreico, Gutiérrez y Pastrana percibieron dos sueldos, uno abonado por el Ejecutivo Municipal, mediante la transferencia realizada el 03 de septiembre de 2020, por un monto de $57.081,00 y otro por el propio Concejo Deliberante, mediante la transferencia realizada en septiembre de 2020, por un monto de $40.599,96 a cada uno de los concejales.
Por si faltaran causas
En cuanto al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público del que acusa la fiscal Salinas Odorisio a Wayar, la investigación demostró que el intendente de La Merced confeccionó, suscribió y aprobó, mediante Resolución 113/2022, un contrato de Comodato entre la Municipalidad de La Merced y la Asociación Civil por el Trabajo, la Cultura y la Producción, mediante el cual cedió el uso de un inmueble ubicado dentro de las instalaciones del matadero municipal, haciendo caso omiso a lo establecido en la Carta Orgánica de la Municipalidad de La Merced, es decir sin licitación y sin autorización del Concejo Deliberante.
Anteriormente se encontraba imputado por incumplimiento a los deberes de funcionario público ya que suscribió la Resolución 535/21, que aprobaba contratos de obras públicas relacionados con el concurso “Cristo de la Hermandad” habría omitido los procedimientos establecidos y exigidos por la ley 8.072, sobre el Sistema de Contrataciones de la Provincia y su Decreto Reglamentario n° 1319/18.
