La medida alcanza al sacerdote Lucio Ajaya, el obispo emérito Martín de Elizalde y el vicario judicial Loyola Pinto y de Sancristóval. Cabe recordar que este enfrentamiento, enraizado en diferencias sobre la devoción a la Virgen del Cerro, no solo ha dividido a las partes involucradas, sino que ha alcanzado una dimensión judicial y mediática considerable.
La resolución de 87 páginas a la que pudo acceder Nuevo Diario, sostiene medidas de restricción para Cargnello y otros tres sacerdotes, además de ordenarles realizar capacitaciones en género y someterse a tratamiento psicológico. Estas medidas se mantienen a pesar de la solicitud de cierre del proceso por parte del Arzobispado, argumentando la falta de novedades en dos años.
La jueza argumenta que las monjas han sufrido diversos tipos de violencia de género, tanto física como psicológica, durante más de dos décadas en el ámbito religioso. Además, la resolución indica que estas decisiones deben ser notificadas al Papa Francisco, a través del delegado pontificio, como garante del acuerdo entre las partes.
Sin embargo, la medida no está firme y será apelada por el Arzobispado, que cuestiona la falta de fundamentos para mantener las restricciones, especialmente considerando que el Monasterio San Bernardo ya no está bajo la jurisdicción de Cargnello desde hace tiempo y que algunos de los acusados no residen en la provincia de Salta, según pudo conocer este medio.
La resolución judicial también se enmarca en una causa que investiga cinco incidentes de violencia denunciados por las monjas, incluyendo un altercado físico durante el velorio de una hermana. Estas medidas, que incluyen tratamiento psicológico y capacitación en género, buscan modificar los patrones de comportamiento de los acusados.
El origen del conflicto entre las partes
El proceso judicial se inició a raíz de una denuncia presentada por la entonces priora del convento, María Fátima del Espíritu Santo, que alegaba hostigamiento por parte de los religiosos desde 1999. La devoción de las monjas a la Virgen del Cerro ha sido un punto de conflicto recurrente, exacerbado por la intervención del Vaticano, que advirtió a las carmelitas sobre su relación con la "vidente" que asegura tener apariciones de la Virgen.
El conflicto entre el Arzobispado de Salta y el Monasterio San Bernardo ha tenido múltiples facetas en los últimos años, incluyendo denuncias penales y procesos judiciales relacionados con el manejo económico de las monjas y la retención de dos religiosas en el convento. Este último punto, en particular, ha generado controversia, con acusaciones de presión por parte del Arzobispado sobre las monjas involucradas.
En medio de este enfrentamiento prolongado, la resolución judicial de Cáceres Moreno representa un nuevo capítulo en una saga que ha polarizado a la comunidad religiosa y capturado la atención pública en Salta y más allá.
Las intenciones del Arzobispado
Cabe recordar, además, que, en ese ida y vuelta de acusaciones entre las partes, desde el Arzobispado buscaban demostrar la relación del Monasterio con la Fundación que maneja María Livia Obeid y la influencia de esta sobre los recursos económicos de la institución.
Esto basado en declaraciones que tuvo la madre priora del Monasterio San Bernardo donde informó que Carlos Obeid, esposo de María Livia, "lleva las cuentas", junto con Marcelo Mentesana.
Esta causa se encuentra formalmente archivada, desestimando el punto que buscaba investigar el Arzobispado. Sin embargo, los representantes legales de la Iglesia confirmaron a este medio que han apelado esa decisión y se encuentran a esperas de una resolución a su pedido por parte de la justicia salteña.
Un dato de color es que, en esta causa terminó saliendo a la luz una deuda que el arzobispo tendría con el Monasterio por $9 mil dólares que fueron tomados en el año 2011 y nunca se habrían restituido.
