El planteo fue realizado por la autoridad de la Comunidad Yariguarenda requiriendo se suspenda la venta mediante concurso público de ofertas de un inmueble y se declare la nulidad de la misma.
La fiscalía se pronunció al respecto señalando la incompetencia por corresponder la intervención de la Justicia Federal y no la Justicia Provincial.
La jueza Nieto puntualizó que el caso “no resulta de competencia provincial, y si bien, el artículo 87 de la Constitución Provincial atribuye competencia a todos los jueces para intervenir en la acción constitucional de amparo, ello no implica una derogación de la normativa federal en materia de competencia. Son los jueces federales quienes tienen atribuidos por la ley fundamental la facultad de interpretar y aplicar el derecho federal (artículos 31 y 116 de la Constitución Nacional y normas reglamentarias)”.
“Dada la naturaleza de la relación litigiosa y a la legislación que la rige, estamos ante un caso de competencia federal la que se relaciona directamente con el sistema federal e institucional del Estado y deriva de la división jurisdiccional que emana de la Constitución Nacional”, puntualizó la jueza.
La problemática
Los miembros de la comunidad emitieron un comunicado ante el anuncio del remate. Los originarios insisten en que los territorios pertenecen a la población guaraní. El objeto del cuestionamiento recae sobre la “Finca Yariguarenda plano N°1004 catastro rural N° 16.448”.
"Esta acción no es un hecho aislado, es resultado de una larga historia de intentos sistemáticos de apropiación de los territorios que ancestralmente son habitados por el pueblo guaraní. Desde los inicios de la colonización, la comunidad resiste y denuncia estas transacciones de tierra que buscan despojarnos y quitarnos nuestro territorio", sostuvo el escrito que compartieron desde la comunidad.
Y añadieron: "El intento de venta es una amenaza directa contra nuestra integridad comunitaria, pone en riesgo nuestra convivencia cotidiana con el monte nativo. Asimismo, se trata de una operación bancaria que avasalla el derecho de las comunidades originarias a vivir en sus territorios sin sufrir atropellos que amenacen el pleno desarrollo de su vida y autonomía"
Ante el rechazo del amparo presentado, los originarios deben recurrir a la justicia federal para buscar frenar que se concrete la venta de las tierras en disputa hasta tanto se logre llegar a un acuerdo.
