El Tribunal Oral Federal N°1, integrado por los jueces Federico Santiago Díaz (presidente), Marta Snopek y Marcelo Juárez Almaraz, comenzó a juzgar ayer al ex comisario de la Policía de Salta, Joaquín Guil, por el delito de abuso deshonesto agravado por la calidad de funcionario, el uso de intimidación y por el concurso de dos o más personas, en calidad de autor mediato.
El fiscal general Carlos Martín Amad, a cargo del Área de Derechos Humanos, lleva adelante la acusación penal contra Guil, procesado por el juez federal N°1, Julio Bavio, el 29 de diciembre del 2.020 junto al ex coronel retirado del Ejército, Virtom Modesto Mendíaz (actualmente con proceso suspendido) y a Roberto Arredes (incapacitado) ex comisario de la Policía de Salta.
Abierto el debate, por secretaría se dio lectura a un resumen del requerimiento de elevación a juicio, en el cual se expuso la acusación realizada por la fiscalía e iniciada el 4 de febrero del 2.021 a partir de la denuncia radicada por la víctima, quien relató el episodio vivido el 24 de abril de 1.975, cuando se presentó en el edificio de la Jefatura de la Policía de la provincia de Salta.
La víctima, hermana de un militante de la Juventud Peronista, había ido en busca de una autorización requerida por la morgue del Hospital San Bernardo para la entrega del cadáver de su hermano, quien había sido ejecutado junto a otro compañero a raíz de un operativo conjunto, entre la policía provincial y federal, ocurrido el 20 de abril en San Lorenzo.
La mujer reveló que fue recibida por un policía, quien le recibió los papeles que tenía y ordenó que la hicieran pasar a una habitación, a fin de que sea requisada; oportunidad en la cual fue obligada a desnudarse, siendo abusada por el primer uniformado que la atendió, delante de otros 20 policías más.
El acusado se abstuvo de prestar declaración
Una vez descripto el hecho y el encuadre jurídico, el tribunal interrogó a Guil por su derecho a prestar declaración, al cual el acusado se abstuvo, aunque no se descarta que lo haga más adelante. Acto seguido, se exhibió el video de la declaración de la víctima, en audiencia, en el marco del juicio seguido contra los responsables por la muerte de su hermano.
Al respecto, cabe señalar que el mismo tribunal, pero con la presidencia de Juárez Almaraz, dispuso la condena de prisión perpetua para Miguel Raúl Gentil (f) y del propio Guil por la muerte del hermano de la víctima, sentencia dictada el 29 de junio de 2.015.
En dicho video expuso, la víctima, quien primeramente leyó una reseña de la vida de su hermano, explicó lo que le tocó vivir desde que se enteró de la muerte del mismo hasta que pudo recuperar su cuerpo y trasladarlo de regreso a la provincia de Tucumán, donde fue inhumado.
En la filmación, que representó el momento más emotivo de la audiencia, la mujer contó que se enteró del asesinato por un llamado, a través del cual le dijeron que su hermano había sido “ajusticiado” en San Lorenzo, en Salta.
En vista de ello, viajó a esta provincia para tomar contacto primero con el entonces juez federal, Ricardo Lona, también condenado por delitos de lesa humanidad. Relató que fue hasta la morgue del hospital local, pero que no pudo retirar el cuerpo porque le pedían una autorización, la que debía gestionar ante la policía provincial.
Fue entonces que contó que, al presentarse en la jefatura, fue obligada a sacarse toda la ropa, que el policía que tenía la voz de mando la ultrajó delante de 20 efectivos más, lo que le causó un grave daño psicológico e incluso le acarreó secuelas en su salud.
Autores mediatos y no solo materiales
Con otras pruebas sumadas desde la fiscalía, se estableció la responsabilidad de Guil en el hecho denunciado, lo cual también fue destacado por el juez Bavio en su procesamiento al sostener que se trató “de un hecho ocurrido en la propia Central de Policía de Salta, por lo que resulta inverosímil que Mendíaz, Guil y Arredes, cúpula de dicha fuerza de seguridad pública con oficinas en ese ámbito, hayan podido desconocer el ilícito”, por lo que surge que “los mismos deberán ser considerados como los autores mediatos y no materiales del abuso deshonesto”. En ese marco, afirmó que “la privación ilegítima de la libertad, los apremios ilegales, la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada y cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, entre otros, resultan ser delitos de lesa humanidad”, posición que fue propuesta por la fiscalía. En la parte final, la fiscalía dio lectura a otros elementos de pruebas, como la denuncia radicada por la víctima y un recorte periodístico, en el que la Policía de Salta reconoció la muerte del hermano de la víctima. El tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles, oportunidad en la que se dará inicio a la etapa de alegatos.
