El Tribunal Criminal número tres de Jujuy, integrado por María Margarita Nallar, Ana Carolina Pérez Rojas y Mario Puig, comenzará a juzgar a tres imputados: dos por la sustracción del documento y cohecho, y Sala como presunta “determinadora directa” de la sustracción.
Se trata de la desaparición del expediente judicial en el que tramitaba un episodio ocurrido en 2007 y conocido como “la balacera de Azopardo”, un enfrentamiento en el que resultó asesinado un joven.
En ese caso, finalmente hubo juicio oral y Sala estuvo acusada como “instigadora”, pero resultó absuelta en 2018 por el “beneficio de la duda”.
Lo que se comienza a juzgar ahora no es el homicidio (por el que hay un condenado a seis años de cárcel) sino la presunta determinación de Sala para que el ex empleado judicial Marcos Romero y el abogado Antonio Alberto Bellido sustrajeran el documento.
Una junta médica judicial determinó en la víspera que Sala está en condiciones de afrontar este nuevo proceso.
En cuanto a la causa, en 2012 todos los imputados fueron sobreseídos, pero en 2017 –cuando Sala ya llevaba poco menos de dos años presa por otros casos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se había interesado ya por su situación- apareció un supuesto nuevo testigo, Alejandro “Pilo” Mancilla, quien había trabajado en el pasado en la agrupación Túpac Amaru.
Mancilla declaró que sabía que Sala había ordenado la sustracción y destrucción del expediente y con ese dato el fiscal Diego Cussel reabrió la investigación y la elevó a juicio.
La defensa de Sala sostiene que Mancilla es un testigo falso que en 2014 fue detenido e imputado, junto a otras personas, de secuestrar, torturar, vejar y abusar sexualmente mediante empalamiento a dos jóvenes y un menor durante 12 horas.
Según la defensa, Mancilla fue excarcelado justamente en 2017, tras dos años en prisión preventiva, y en ese contexto formuló las acusaciones contra Sala en este y en otros dos expedientes judiciales que aún no llegaron a juicio.
