Así lo anunció por Aries FM (91.1) la jueza Ana María Carriquiry, ante el incumplimiento del Ministerio de Salud del fallo judicial.
La magistrada indicó que el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes presentó un informe tras su inspección en el Hospital Miguel Ragone. Próximamente, y harán lo propio en el Hospital San Vicente de Paul de Orán. "Quieren recabar información y trabajar en el control de pacientes, recursos humanos y edilicios", señaló la magistrada.
Además, adelantó que los amparistas que impulsaron la medida para obligar a la Provincia a cumplir con la Ley de Salud Mental presentaron un pedido de audiencia de cumplimiento de sentencia. La misma está prevista para el viernes 26 de agosto a las 11 de la mañana.
Solicitaron también una multa diaria que comenzaría a cobrarse después de la audiencia. "Quiero tener la confianza de que, por lo menos, se va a traer un proyecto de plan", expresó la Jueza.
Si bien desde la Fiscalía del Estado apelaron el fallo, desde el juzgado insisten con el cumplimiento de lo dictaminado, atento a que la sentencia es con efecto devolutivo, es decir que, aún existiendo una apelación, el Ministerio de Salud deberá enmarcarse en el objetivo establecido por la Ley de Salud Mental que impone que el presupuesto para el sector debe ser el 10 por ciento del total de la partida presupuestaria destinada a la cartera sanitaria provincial.
Carriquiry hizo lugar a un recurso de amparo que presentaron los asesores de Incapaces del Distrito Judicial de Orán, Gladys Reynoso y Cristian Babicz. El caso que impulsó el inicio de las actuaciones fue el de una mujer que, al no tener lugar de internación por su padecimiento mental, fue retenida tres días en una camilla en la guardia del Hospital San Vicente de Paul de Orán. No obstante, similares casos de vulneración fueron expuestos en la audiencia pública convocada oportunamente por la jueza.
